Tras más de siete horas de reunión el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del PP y ha rechazado las recusaciones solicitadas por PSOE y Unidas Podemos respecto al presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, que han votado sobre su propia recusación.
Así las cosas, se mantiene la mayoría conservadora en el Tribunal con seis votos frente a cinco, de los progresistas, para rechazar dichas recusaciones. Aún queda por decidir si se admiten a trámite las enmiendas cautelarísimas del PP y decidir si las enmiendas del Gobierno que tienen que ver con el bloque jurídico se votan o no en el Senado.
Según pudo saber ElPlural.com de fuentes fidedignas, Antonio García-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez, a pesar de su lealtad al Partido Popular y de las enormes presiones recibidas, siempre fueron conscientes de las consecuencias institucionales, políticas y hasta judiciales que podría tener adoptar una decisión que cercene la libertad del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular.
No solo eso, la decisión tiene repercusión directa en su imagen y en su prestigio profesional no solo en España sino también en Europa. Que un tribunal, por muy elevado que sea, impida el debate de una ley en unas Cortes democráticas tendría repercusión en la Unión Europea y los magistrados que lo defiendan quedarán señalados de por vida -y en estos momentos, a la espera de que termine la deliberación, los dos magistrados han dejado vía libre para suspender la reforma legal-. Es por ello que ambos quieran tener garantías de que su carrera profesional no se verá afectada sino al contrario, quedarán “blindados” de cara a futuro.
El PP les ha trasladado que Alberto Núñez Feijóo va a ser el próximo presidente del Gobierno y que “tendrá muy en cuenta” quién ha estado de su parte
El caso de Arnaldo
El caso de Enrique Arnaldo es diferente. El jurista designado a propuesta del PP, que figura en grabaciones de la operación Lazo y que ayudó a aprobar a Pablo Casado a la par que cobraba de FAES, es un entusiasta de la operación del golpe institucional. No le importa el qué dirán. Sueña con presidir el Constitucional y tiene prisa. Quiere serlo ya, apuntan fuentes jurídicas a este periódico.
Los once magistrados del Constitucional continúan debatiendo en un pleno maratoniano, cuyo orden el día está siendo la deliberación y votación de si admiten a trámite el recurso presentado del PP que pide suspender la tramitación parlamentaria de dos enmiendas por las que se reforma el sistema de elección y llegada al propio TC de los dos candidatos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La votación ya se antojaba reñida, puesto que las fuentes jurídicas consultadas dejaban caer a este medio que los magistrados de la mayoría conservadora se inclinarían por dar vía libre a la suspensión de la tramitación parlamentaria. En este sentido, cabe destacar que en los más de 40 años de historia, el TC nunca ha impedido discutir y votar en las Cortes Generales, por lo que sería una medida inédita y que podría marcar un antes y un después en el Poder Judicial.
Interferir en el Legislativo
Frente a esta postura de los magistrados conservadores, se encuentran los cinco representantes del otro lado, que no ven con buenos ojos interferir en el Poder Legislativo.
El tablero progresista de nuestra política ha mirado a Europa, también el PP, aunque de forma diferente. En esta línea, los morados ya habían denunciado que los dos conservadores tienen un “interés directo” en admitir el recurso de los populares, puesto que serían los dos magistrados reemplazados por los dos aspirantes nominados por el Gobierno si finalmente la normativa sale adelante –el exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez-.
Cabe recordar que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la proposición de ley con sus enmiendas después de que el presidente del TC optara por suspender el Pleno extraordinario de ese día y convocar otro para este lunes.
De acuerdo con fuentes de la corte de garantías, lo hizo después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con no deliberar ni votar, si no se les daba más tiempo para estudiar un asunto de gran "complejidad" y "relevancia" que habían conocido apenas 24 horas antes. De haberse marchado, habrían impedido el 'quorum' de al menos 8 magistrados que se exige para que el Pleno quede constituido válidamente.
