La Comisión del Estatuto del Diputado tiene previsto reunirse este viernes en el Congreso para empezar a analizar el suplicatorio del Tribunal Supremo para poder investigar al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos por el caso Koldo. La solicitud fue cursada por el Alto Tribunal y recaló en la Carrera de San Jerónimo el pasado jueves. Un día después, la Mesa de la Cámara celebró una reunión telemática para calificar el escrito, que de inmediato se remitió a la comisión pertinente para su posterior tramitación. A partir de ahora, se abre un plazo de 30 días para presentar una propuesta.
Será la citada comisión, órgano que preside el parlamentario del Partido Popular Manuel Cobo, y del que forma parte un miembro de cada grupo, la encargada de agendar las reuniones, comenzando por la de este mismo viernes, que se celebrará a puerta a cerrada. Desde entonces, se dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para que la comisión presente una propuesta y, dentro de ese mismo plazo, deberá dar audiencia al exministro, hoy en las filas del Grupo Mixto, para que pueda pronunciarse o bien en persona o bien por escrito en el periodo que fije la propia comisión.
Trámites a puerta cerrada
Toda vez concluya la tarea de la comisión, se elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es quien tiene la última palabra. Ateniéndose a la experiencia, se espera que ese trámite se resuelva en un par de semanas. No es ley natural, sino lo previsible con respecto a otros suplicatorios. De hecho, en este caso, se dilatará aún más en el tiempo habida cuenta de que coincide con enero, que es mes inhábil; salvo que la Mesa de la Cámara, como ocurrió el año pasado, habilite a la comisión para ir celebrando reuniones y, así, avanzar en los trabajos.
El debate y votación de los suplicatorios en el Pleno tampoco es abierto al público, sino que se celebra a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados no están obligados a seguir la doctrina de voto dado que su voto es secreto. Tan sólo se da a conocer el resultado. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, dará parte del mismo a la autoridad judicial pertinente en un plazo de ocho días a partir del acuerdo del Pleno. Le advertirá, asimismo, de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente a Ábalos. En cambio, se entenderá como denegado si el Congreso no se hubiese pronunciado en el plazo de setenta días naturales.
Historial de suplicatorios
Hasta la fecha, el Congreso de los Diputados ha analizado un total de 47 suplicatorios, aprobando 33 y rechazando 14; aunque dos de estos últimos fueron sobre el mismo diputado. La última negativa de la Cámara Baja data del año 1988 y se enmarcaba en un contencioso por el derecho al honor entre el exministro socialista José Barrionuevo y el hermano del etarra -ahora arrepentido- Soares Gamboa por incluir sus fotos en carteles del Ministerio del Interior.
El último suplicatorio que salió adelante es más moderno. De hecho, fue hace escasos dos años, cuando el Congreso de los Diputados dio vía libre al Alto Tribunal para investigar al que fuera diputado del Partido Popular Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación por contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo. De hecho, en la pasada legislatura coincidieron también suplicatorios para la expresidenta de Junts Laura Borràs -condenada posteriormente por fraccionar contratos en favor de un amigo cuando estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)- y a Alberto Rodríguez, diputado de Podemos. El caso del parlamentario morado fue más complejo, pues se le condenó por haberle propinado una patada a un policía en una manifestación antes de acceder a su escaño. Se le impuso una sanción económica, así como la inhabilitación para concurrir a las elecciones, pero posteriormente el Tribunal Constitucional anuló la condena y ya no pudo recuperar el acta.
En otras legislaturas se autorizó a juzgar a tres parlamentarios el Partido Popular como Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte por dar positivo al volante. Además del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por el caso de los ERE de Andalucía, aunque no terminó de tramitarse porque el afectado en cuestión presentó su dimisión. También figuran en esta lista, además del exministro Barrionuevo por los GAL, los diputados de Herri Batasuna Jon Idigoras, Francisco Letamendia y Antxón Ibarguren por incidentes registrados en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de la coalición abertzale lideraron las protestas en un acto presidido por los Reyes.
Por su parte, en el caso de Ábalos, lo normal, salvo sorpresa mayúscula, es que la Cámara dé su visto bueno al suplicatorio, dado que el PSOE adelantó que lo apoyaría en cuanto tuviera lugar la votación.