El Gobierno ha logrado sumar los apoyos necesarios para prorrogar por última vez el estado de alarma. Se trata de la sexta vez que el Ejecutivo defiende la necesidad de esta medida excepcional que caducará el 21 junio, cuando, según el marco epidemiológico y la estabilización del número de contagiados y fallecidos, se espera que los españoles recuperen la libre circulación entre provincias y alcancen la denominada nueva normalidad. Este último paso, tal y como ha anunciado Pedro Sánchez desde la tribuna de oradores, correrá a cargo de las comunidades autónomas, que recuperarán las competencias perdidas cuando sus territorios alcancen la fase 3.

Eso sí, la regulación de la nueva normalidad será refrendada por un decreto ley que el presidente del Gobierno ha explicado que se anunciará el próximo martes en el consejo de ministros. Una decisión que responde a la necesidad de marcar todas las medidas de "prevención, contención y coordinación" que habrán de tomarse en aquellas comunidades que decidan ir prescindiendo del estado de alarma: "Se trata de aunar en una sola norma las medidas sanitarias que tendremos que continuar observando hasta que haya vacuna o un tratamiento terapéutico eficaz para evitar el riesgo de rebrote", ha indicado Sánchez.

Por el momento, y a la espera de conocer las nuevas conductas que los españoles deberán realizar para evitar un posible rebrote del virus que acabe derivando en pandemia, el Gobierno ha logrado extender el estado de alarma por sexta vez. Un camino que no ha sido fácil, viendo cómo las mayorías eran cambiantes en cada una de las peticiones quincenales realizadas por el presidente. Esta vez lo ha hecho sustentando su mayoría en el bloque de la moción de censura, con la única salvedad de Compromís, que sigue exigiendo un reparto justo del dinero destinado a las comunidades autónomas que subsane el problema de la infrafinanciación valenciana.

También se ha sumado Ciudadanos, votando favorablemente una vez más pese a los sectores críticos de la formación naranja que repelen el nuevo rumbo que tratan de encabezar Inés Arrimadas y Edmundo Bal. “Lo hacemos por los españoles”, ha explicado el portavoz, asegurando que la unión de voto que ha unido al Gobierno con Ciudadanos a colación del estado de alarma no significa que su formación se vuelva un socio de legislatura.

Esta última prórroga ha sido un trámite procesal. El Gobierno contaba con el apoyo del PNV y de Ciudadanos antes de que empezara la sesión. ERC también ha vuelto a la abstención, facilitando así la aritmética variable de la que se ha beneficiado Pedro Sánchez para extender el estado de alarma desde el pasado 14 de marzo. Pese a contar con los apoyos necesarios, ha sido un debate bronco, tosco, cargado de interpelaciones alejadas de las bondades del estado de alarma para asegurar la contención del virus.

PP y Vox han decidido convertir la totalidad del pleno en una sesión de control al Gobierno, atacando a Fernando Grande-Marlaska por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, a Fernando Simón por el desbarajuste de las cifras de los últimos días, a Irene Montero por el vídeo filtrado y difundido por el diario ABC, a José Luis Escrivá por el Ingreso Mínimo Vital y al presidente del Gobierno por todas estas cuestiones paralelas al motivo que reunía a todos los grupos parlamentarios en la Cámara Baja.

“Hola, soy Pablo Casado y he perdido cinco elecciones”​, ha replicado Pedro Sánchez de forma irónica, aprovechando este factor para pedir al líder de la oposición altura de miras y lealtad institucional: “Deje ya el berrinche, vuelva a la política”. También ha tenido palabras para Santiago Abascal, acusándolo de estar en contra de lo que el Gobierno de España representa: “Convivencia, igualdad, libertad, democracia, inclusión, convivencia, confraternidad… son los derechos que representamos. Eso es lo que les molesta”.

Entre acusaciones cruzadas y juegos de palabras (“Aznar uno y Aznar dos”) ha transcurrido una nueva sesión alejada de la petición inicial realizada por Pedro Sánchez. Si el presidente ha pedido que el debate no derivase en insultos, amenazas y palabras gruesas en su primera intervención, la derecha ha tardado dos minutos en llevar al barro la confrontación dialéctica: “Es usted el presidente más radical de la historia de España”, ha asegurado Casado. “Ustedes son la sucursal de unos progres multimillonarios y de unos narcoterroristas comunistas”, ha definido Abascal.