Según ha revelado elDiario.es, una concejala de Vox en el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), Araceli Colomar Costilla, ha sido denunciada por cuatro personas que la acusan de haber participado, presuntamente, en una estafa inmobiliaria que asciende a unos 237.000 euros. Los denunciantes sostienen que entregaron importantes cantidades de dinero para adquirir distintos inmuebles vinculados al edificio Galaxia, en Ibiza, operaciones que nunca llegaron a materializarse.
Las actuaciones judiciales se encuentran en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, donde los afectados aportaron documentación como correos electrónicos, audios de WhatsApp y justificantes de transferencias bancarias. Los hechos denunciados se remontan a 2022, antes de que Colomar fuera elegida concejala de Vox en las elecciones municipales de 2023.
De acuerdo con la investigación publicada por elDiario.es, Colomar ejercía entonces como administradora de fincas del edificio Galaxia, una comunidad de propietarios situada en la zona de ses Figueretes. Según los denunciantes, la administradora planteó una estrategia para reducir la morosidad existente en la comunidad mediante la venta de plazas de aparcamiento, trasteros y locales comerciales asociados a propietarios deudores. Para ello contó supuestamente con la colaboración de una abogada especializada en mediación, Noemí Boned Núñez.
Los afectados aseguran que confiaron en la operación debido a la posición de Colomar dentro de la comunidad y a la documentación que les fue facilitando durante el proceso. Entre ella, destacan notas simples del Registro de la Propiedad y borradores de contratos de arras que, según los denunciantes, reforzaban la apariencia de legalidad de las compraventas.
Uno de los denunciantes llegó a desembolsar más de 46.000 euros para adquirir varios locales y una plaza de garaje. Otro inversor transfirió más de 30.000 euros con la intención de comprar dos locales comerciales. Sin embargo, con el paso de los meses ni recibieron las llaves ni se formalizaron las escrituras de los inmuebles que creían haber adquirido.
Posteriormente, otros dos afectados presentaron una querella en la que reclaman la devolución de 161.459 euros entregados entre junio y octubre de 2022 para la compra de cuatro locales comerciales, tres plazas de aparcamiento y dos trasteros. Según la documentación judicial citada por elDiario.es, las transferencias se realizaron siempre a cuentas vinculadas a la comunidad de propietarios del edificio.
Los querellantes afirman que durante meses recibieron explicaciones y promesas de devolución por parte de la administradora, pero que nunca recuperaron el dinero ni obtuvieron la propiedad de los inmuebles. La situación se agravó cuando comprobaron que las cantidades abonadas no aparecían reflejadas en las cuentas comunitarias que posteriormente fueron presentadas.
Tras la salida de Colomar de la administración de la finca a comienzos de 2024, una revisión de las cuentas habría detectado diversas transferencias a favor de las denunciadas cuya justificación, según sostiene la acusación, no constaba documentalmente. Estos movimientos son considerados por los denunciantes como indicios de un supuesto plan para apropiarse de fondos ajenos.
Por su parte, Araceli Colomar ha negado todas las acusaciones. En declaraciones recogidas por elDiario.es, sostiene que el dinero nunca desapareció y que permanece en cuentas de la comunidad de propietarios. Además, asegura que existen acuerdos de mediación y documentación que respaldan parte de las operaciones, defiende que solo cobró honorarios profesionales por algunas gestiones y afirma que la causa terminará archivándose por falta de pruebas. Mientras tanto, las diligencias continúan en fase de instrucción y todavía no existe una fecha para la celebración del juicio.
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