La gestión política de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 ha tenido, entre muchas otras derivadas, la de hacer reaparecer algunos de los casi siempre latentes conflictos territoriales. Se trata de un fenómeno que no se ha dado solo en España. Sobre todo en Italia, pero también en Francia y en Bélgica, incluso en un sistema federal tan consolidado como es el de Alemania, estos conflictos territoriales han adquirido una relevancia especial. En España, más allá de la sistemática utilización que, como es habitual durante estos últimos años, ha hecho el Gobierno de la Generalitat de Cataluña que preside aún Quim Torra, se han producido importantes discrepancias entre el Gobierno de España con los ejecutivos de otras comunidades autónomas, como Madrid y Andalucía, ambas con presidentes del PP al frente de coaliciones de gobierno de derechas con Ciudadanos apoyadas por Vox, pero también ha sucedido en Valencia, con un socialista presidiendo un gobierno de coalición de izquierdas. Se han producido asimismo diferencias significativas sobre la gestión de esta crisis incluso en el interior de estas y otras comunidades autónomas, no tanto por discrepancias con decisiones y medidas dictadas por el Gobierno central como por diferencias de criterio entre distintos niveles de gobierno territorial; en concreto, entre los correspondientes gobiernos autonómicos y algunas administraciones municipales, comarcales, provinciales o regionales de la propia comunidad.

Aunque a primera vista pueda parecer que todo ello es un despropósito, algo impropio en una situación de crisis tan grave como la actual, no hay nada más lógico y natural. En un sistema democrático los conflictos entre los territorios de un mismo Estado son tan inevitables como los conflictos existentes entre los sectores sociales. Únicamente en los países no democráticos, gobernados de forma dictatorial o cuando menos autoritaria, parece que no se producen estos ni ninguna otra clase de conflictos, porque son acallados u ocultados, en ocasiones mediante el uso de métodos represivos, en otros casos a través de la manipulación de la opinión pública.

Si las discrepancias o diferencias de criterio entre el Gobierno de España y los de algunas comunidades autónomas respondieran solo a motivos partidistas, no sería razonable ni justo. Buena parte de ello hay en las posiciones críticas de los gobiernos autonómicos de Andalucía y sobre todo de Madrid, como lo ha habido durante toda esta crisis por parte de Cataluña. No es este el caso de Valencia, cuyo ejecutivo autonómico no solo está presidido por un socialista, Ximo Puig, sino que se trata de una coalición progresista y de izquierdas que se asemeja mucho a la que conforma el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Lo mismo sucede en muchos otros conflictos territoriales entre niveles administrativos inferiores. Ocurre también en otros países de nuestro entorno más inmediato, con discrepancias notorias entre los gobiernos centrales de Italia y Francia y algunas de sus regiones y departamentos, como sucede asimismo en Alemania entre el gobierno federal y algunos de sus “landers”.

Como con pocas y certeras palabras ha explicado Ximo Puig, “lealtad no es sumisión”. Como presidente de la Generalitat Valenciana, Puig se debe sobre todo a la ciudadanía valenciana, a la defensa de sus intereses, y por tanto debe anteponer este deber a la mera sumisión a los dictados del Gobierno de España, al que, como todos debe lealtad, con el añadido de que está presidido por el máximo dirigente de su propio partido.

El sistema autonómico español, que en general ha dado excelentes resultados durante estos últimos ya más de cuarenta años, tiene aún mucho camino por recorrer. Es un sistema autonómico federalizante, que va mucho más allá de un simple proceso de descentralización administrativa y política, porque se basa en un principio general de cogobernanza en el que el principio de subsidiareidad debe extenderse a todos los niveles. En eso se basa en realidad el verdadero federalismo, que redistribuye el poder administrativo y político entre todas las instituciones públicas. Un federalismo que comienza de hecho ya, aunque por ahora sea solo de forma incipiente, en la Unión Europea (UE), y que llega a cada nivel territorial.

Federalismo, cogobernanza y principio de subsidiareidad pueden ser tres de las pocas importantes derivadas positivas que nos deje esta tan grave como inesperada grave crisis sanitaria, económica y social del maldito coronavirus. Ojalá nos sirva para enfrentarnos a la tan deseada “nueva normalidad”.