El Gobierno centrará lo que queda de legislatura en la economía, prevé presentar unos presupuestos, aunque renuncia a impulsar la reducción de la jornada laboral. Esas son algunas pinceladas del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2026, que el Consejo de Ministros aprobó este martes, y que se plantea como la hoja de ruta del Ejecutivo para encarar un año marcado por la debilidad parlamentaria y el convulso contexto internacional.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, ha coordinado con el resto de áreas cuáles van a ser las prioridades para este último sprint, antes de que lo que ocupe a España sea quién vivirá en la Moncloa a partir del próximo año. Al peso, el texto presentado incluye 179 iniciativas legislativas, entre las que hay 131 reales decretos, 38 leyes ordinarias y 10 leyes orgánicas.
Son veinte iniciativas menos que en 2025, año del Ejecutivo destaca que más del 82% de las medidas del plan están aprobadas o se están tramitando, según el Informe de Evaluación al que también dieron luz verde este martes. Bolaños aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por sacar pecho de la capacidad legislativa del Gobierno: "El Parlamento español es el que más leyes ha aprobado en este periodo", refiriéndose a las 62 leyes aprobadas desde el inicio de la legislatura, "salvo el de la Comunidad Valenciana, debido a las medidas por la DANA", reivindicó.
La hoja de ruta para el 2026 nace, eso sí, capada por una debilidad parlamentaria que en las últimas semanas se ha hecho más patente que nunca. La vivienda era la prioridad del Gobierno, como ha reiterado en más de una ocasión Pedro Sánchez, pero el choque interno entre Sumar y el ministerio del ramo de la socialista Isabel Rodríguez se ha hecho más evidente tras la caída de la prórroga de los alquileres la pasada semana.
El voto en contra de Junts y la abstención del PNV en esa votación pusieron también de manifiesto que el bloque de investidura está más roto que nunca. El Gobierno sufre para mantener los equilibrios entre su izquierda y su derecha, lo que complicará su capacidad para cumplir los compromisos de este plan normativo. Aún así, Bolaños era optimista este martes: "Tenemos una compleja pero razonable estabilidad parlamentaria en un Congreso plural y diverso: haber aprobado 62 leyes es una tarea hercúlea y lo hemos conseguido", asegura. Su área —Justicia— es la que más iniciativas presenta en el plan (20), seguida de Transición Ecológica (19) y Economía (18).
Habrá presupuestos, aunque sin fecha
Y precisamente la economía es la base principal del plan normativo, que incluye la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Bolaños advierte, eso sí, de que "ahora no es el momento" para cuadrar las cuentas, en una economía lastrada por un "contexto internacional muy complicado", resaltó, marcado por las consecuencias de la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, que amenaza con una crisis energética prolongada. "Tenemos unas incertidumbres económicas por la situación internacional que hacen muy difícil tener un cuadro macro preciso, pero esta situación pasará", aseguró.
La negativa del Gobierno a presentar cuentas desde 2023 —que son las que están en vigor actualmente—, es una de las principales líneas de ataque de la oposición. De hecho, y para evitar unas críticas más concretas, el Gobierno no se pone un plazo para aprobarlas. Por segundo año consecutivo, el plan no especifica si la Ley de Presupuetos está prevista para este ejercicio, como aseguró que se haría la ahora extitular de Hacienda, María Jesús Montero, o si se retrasarán hasta 2027.
El plan se limita a poner como objetivo "presentar la previsión cifrada y sistemática de los ingresos y gastos del ejercicio y fijar los créditos y normas que regulan la actuación administrativa en la distribución y gestión del gasto público". Bolaños, por su parte, dijo que "es una obligación política y tenemos voluntad de aprobar una Ley de Presupuestos y llevarla al Parlamento a tramitación parlamentaria y trabajar duro para conseguir los apoyos", aunque se negó a concretar fechas.
Trabajo renuncia a la reducción de jornada
Una de las ausencias más llamativas del plan es la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media, que era una de las banderas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El área de Yolanda Díaz renuncia a su compromiso de volver a llevarlo al Congreso, como afirmó cuando PP, Vox y Junts la tumbaron el pasado mes de septiembre. Como suele ocurrir, la salvedad para mantenerla viva fue pedir "rectificar" y seguir negociando a los de Puigdemont.
Sin embargo, no será este año cuando se vuelva a intentar sacarla adelante, o al menos el Gobierno no lo contempla en su hoja de ruta. Esto, según fuentes de Trabajo que cita Eldiario.es "no significa que lo que queda fuera del plan no vaya a hacerse". El 'plan B' para el área, antes de que su titular, Yolanda Díaz, abandone la primera línea política, a corto plazo va a ser un real decreto para endurecer el registro horario en las empresas, que sí está en el plan. Esta medida, que no tendría que pasar por el Congreso, tiene en contra las dudas del Ministerio de Economía, que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo, y un informe del Consejo de Estado.
Las medidas previstas de las que sí hará bandera Trabajo serán una nueva subida del salario mínimo para 2027, de la que no se especifica de cuánto será —actualmente está en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas tras subir un 60% desde 2018—, la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la reforma del Estatuto de los Trabajadores para protegerlos frente al despido con "garantías adecuadas", y la Ley de Democracia en la Empresa, que incluye una "participación más eficaz" de los asalariados en los procesos de las compañías.
La financiación autonómica sigue adelante a pesar de la división
Otra de las medidas que centra el plan es la reforma del sistema de financiación autonómica, que el Gobierno mantiene en su hoja de ruta a pesar de que actualmente se encuentra paralizada. El modelo que propone el Gobierno, pactado con ERC, no cuenta con el respaldo de las comunidades gobernadas por el PP, que son la mayoría, pero tampoco de los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha. Todos critican que es injusto y beneficia a Cataluña, aunque en el plan se fija como objetivo "hacerlo más eficiente y equitativo" y contempla un desembolso sin precedentes a las autonomías.
Más medidas contra la corrupción y la trata
En junio, tras conocerse la presunta implicación del ahora ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el cobro de mordidas junto al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, Pedro Sánchez un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que en el plan se amplía con la Ley Orgánica de Integridad Pública. Esta propuesta incluye crear una agencia independiente para dar "un salto cualitativo" en la lucha contra la corrupción política y económica en el sector público.
Dentro de esa norma, el Ejecutivo incluye cambios en la financiación de los partidos políticos y sus fundaciones. Los planes de 2024 y 2025 incluían una reforma integral de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, con el objetivo de "reforzar el régimen sancionador aplicable" a aquellas formaciones "que presenten sus cuentas de manera inadecuada", según proponía el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el Gobierno no ha llegado a impulsarla, y no la incluye como tal en su plan para el año presente.
El plan también contempla varias medidas del Ministerio de Igualdad, como la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. Por primera vez, el área de Ana Redondo aborda. además de la trata con objetivos sexuales, otras de sus formas, "incriminando el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y todas las formas de sometimiento forzoso". Además el Gobierno planea impulsar una ley orgánica para endurecer la lucha contra la violencia vicaria, cumpliendo así varios de los puntos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
