Los mensajes intervenidos en el teléfono móvil de Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, dibujan una intensa actividad de contactos, gestiones y búsqueda de apoyos políticos durante los meses en los que la aerolínea trataba de obtener el rescate público de 53 millones de euros concedido finalmente por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021. La documentación, incorporada a la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, refleja que los responsables de la compañía exploraron interlocutores tanto en el entorno del PSOE como del Partido Popular mientras negociaban con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El contenido del dispositivo, al que tuvo acceso la Policía española tras ser remitido por las autoridades de Estados Unidos en marzo de 2026, constituye una de las principales piezas de la causa abierta para esclarecer si el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pudo incurrir en un presunto delito de tráfico de influencias durante la tramitación del rescate. Sin embargo, de los más de 2.000 mensajes analizados hasta la fecha no se desprende una prueba concluyente de que el exlíder socialista interviniera decisivamente para obtener la ayuda pública, aunque sí aparecen numerosas referencias a su figura y a personas de su entorno.

Un teléfono incautado en Estados Unidos cinco años antes

La investigación tiene su origen en un episodio ocurrido el 9 de mayo de 2021, apenas dos meses después de aprobarse el rescate. Rodolfo Reyes fue retenido por agentes de aduanas estadounidenses cuando intentaba acceder al país a través del aeropuerto de Miami. Las autoridades norteamericanas copiaron íntegramente el contenido de su teléfono móvil antes de deportarle a Panamá.

Ese material permaneció durante casi cinco años en poder de las autoridades estadounidenses hasta que, en marzo de 2026, fue remitido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. A partir de esa información, la Audiencia Nacional abrió diligencias para investigar las relaciones mantenidas entre Plus Ultra, distintos responsables políticos y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Los directivos exploraron apoyos en el PSOE... y también en el PP

Los mensajes muestran que los responsables de la aerolínea intentaron identificar interlocutores con capacidad de influencia en distintos ámbitos políticos.

Junto a conversaciones en las que se menciona expresamente a Zapatero como posible facilitador de contactos institucionales, aparecen otras en las que los directivos valoran acudir a figuras vinculadas al Partido Popular.

En octubre de 2020, cuando la solicitud del rescate se encontraba en plena fase de evaluación, Rodolfo Reyes y el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, intercambiaron mensajes sobre la posibilidad de contactar con el exsecretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz. Ambos creían que podría mantener contactos dentro de la SEPI capaces de facilitar la operación.

No obstante, fuentes próximas a García-Legaz rechazan tajantemente esa hipótesis. Aseguran que el exdirigente popular nunca habló con Reyes ni con Martínez Sola, que nadie le pidió intervenir en el expediente y que tampoco mantenía relación alguna con responsables de la SEPI desde 2018, por lo que cualquier posibilidad de mediación habría quedado descartada desde el primer momento.

La pandemia abrió la búsqueda desesperada de financiación

La crisis sanitaria provocó el colapso de la actividad aérea y dejó a Plus Ultra en una situación financiera muy comprometida.

En abril de 2020, pocas semanas después de declararse el estado de alarma, Rodolfo Reyes trasladaba al presidente de la compañía un mensaje optimista sobre los posibles contactos políticos que podían abrirse.

En distintas conversaciones se menciona a Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos e incluso Pablo Iglesias como posibles interlocutores en un contexto marcado por la búsqueda urgente de liquidez.

Antes incluso de iniciarse el procedimiento de ayudas de la SEPI, los responsables de Plus Ultra intentaron acceder al Banco Santander mediante gestiones realizadas por Zapatero. El expresidente reconoció posteriormente ante el juez que únicamente facilitó que los directivos fueran recibidos por la entidad bancaria, una gestión que, según explicó, realizaba con otras empresas que atravesaban dificultades económicas.

Aquella vía terminó frustrándose.

La reunión con Transportes y la aparición de Zapatero

El 21 de julio de 2020, tras anunciarse el acuerdo europeo para financiar la recuperación económica, los directivos de Plus Ultra recibieron una convocatoria para reunirse con responsables del Ministerio de Transportes.

Al encuentro asistieron el entonces secretario de Estado Pedro Saura y miembros de su gabinete. Según los mensajes intercambiados tras la reunión, los representantes de la compañía interpretaron que habían sido recibidos gracias a "altas recomendaciones" y calificaron a Plus Ultra como un caso idóneo para acceder al fondo extraordinario gestionado posteriormente por la SEPI.

En una de las conversaciones más relevantes, uno de los accionistas trasladó a Rodolfo Reyes que "el pana Zapatero" había estado "detrás" de aquella reunión.

Pese a ello, los propios mensajes reconocen que Transportes no tenía capacidad para decidir la concesión de las ayudas y que la última palabra correspondería al consejo gestor creado dentro de la SEPI.

La presión sobre la SEPI durante meses

La solicitud oficial del rescate fue registrada el 2 de septiembre de 2020. Desde ese momento, las conversaciones reflejan la inquietud permanente de los responsables de Plus Ultra por acelerar la resolución del expediente.

En septiembre aparecen mensajes preguntándose si convenía recurrir nuevamente a Zapatero o a personas próximas al expresidente para lograr algún tipo de garantía que facilitara financiación bancaria puente antes de que la ayuda fuera aprobada.

Uno de los interlocutores llegó a plantear que Zapatero o un colaborador suyo obtuvieran de la SEPI una confirmación verbal de que el rescate saldría adelante con total seguridad. Sin embargo, esa garantía nunca llegó.

Los propios mensajes posteriores muestran cómo la SEPI continuó reclamando durante semanas abundante documentación adicional, aclaraciones técnicas y nuevas explicaciones sobre distintos aspectos económicos de la compañía.

Entre octubre y diciembre de 2020 el expediente permaneció sometido a sucesivos requerimientos administrativos, lo que evidencia que la evaluación siguió su curso ordinario sin una resolución inmediata.

Venezuela centra buena parte de las conversaciones Una parte muy significativa de los mensajes no guarda relación con el rescate, sino con la actividad de la compañía en Venezuela.

En ese contexto aparece con frecuencia Julio Martínez Martínez —conocido en los mensajes como "el tocayo"—, un colaborador contratado por Plus Ultra por unos 5.000 euros mensuales para facilitar gestiones ante las autoridades venezolanas.

Los directivos atribuyen tanto a este intermediario como al propio Zapatero diversas actuaciones encaminadas a desbloquear permisos de vuelo entre Caracas y Madrid.

Frases como "Zapatero aquí manda" o "la mano del tocayo parece larga" ilustran la confianza que depositaban en esas gestiones diplomáticas.

También aparecen referencias a reuniones con la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez para intentar obtener autorizaciones de vuelo.

No obstante, varias conversaciones posteriores muestran que esas mediaciones tampoco siempre alcanzaron el resultado esperado.

"Todo va viento en popa"

El 6 de febrero de 2021, cuando todavía faltaban semanas para conocerse los informes técnicos que debían sustentar la decisión definitiva de la SEPI, Rodolfo Reyes comunicó al presidente de la compañía que el empresario Camilo Ibrahim había hablado con Zapatero y que, según este, "todo va viento en popa".

A pesar de ese optimismo, la documentación incorporada a la investigación no acredita que el expresidente interviniera directamente en la decisión final ni que modificara el procedimiento administrativo seguido por la sociedad estatal.

Tras el rescate, la preocupación pasó al frente político

El Consejo de Ministros aprobó finalmente el rescate el 9 de marzo de 2021.

La decisión provocó una intensa controversia política y numerosas críticas desde la oposición, especialmente por las dudas sobre el carácter estratégico de la aerolínea y sus vínculos empresariales con Venezuela.

Los mensajes posteriores muestran cómo los responsables de Plus Ultra siguieron de cerca esa reacción política y pusieron en marcha distintas gestiones para intentar neutralizar las críticas públicas.

En ese contexto aparecen referencias a dirigentes del Partido Popular y a conversaciones sobre la retirada de mensajes críticos publicados contra el rescate, reflejando que la estrategia de la compañía no concluyó con la obtención de la ayuda, sino que continuó orientada a contener el desgaste político derivado de una de las operaciones financieras más controvertidas de la pandemia.

Mientras tanto, la Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si alguno de esos contactos políticos pudo traspasar los límites de la mera intermediación institucional y convertirse en una actuación constitutiva de tráfico de influencias. Hasta el momento, los mensajes conocidos describen una intensa búsqueda de apoyos en distintos ámbitos políticos, pero no acreditan de forma concluyente que dichas gestiones alteraran el procedimiento administrativo que culminó con la aprobación del rescate.

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