En plena polémica por el bloqueo que mantiene el PP de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, con un mandato caducado desde hace dos años, ha ascendido a magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a Ángel Hurtado, el única juez del tribunal de la Gürtel que se negó a que Mariano Rajoy declarase com testigo y que tuvo un voto particular contra la condena al PP que certificó la existencia de una caja B en Génova, llegando a pedir la absolución de la formación conservadora.

Como ha adelantado eldiario.es y ha hecho público el CGPJ en un comunicado, Ángel Hurtado ha sido ascendido gracias al acuerdo entre el bloque conservador -mayoritario pese al cambio de mayorías en el Parlamento- y parte del bloque progresista. En concreto, Hurtado ha conseguido el apoyo de 19 de los 21 votos, entre los que están los 11 conservadores, seis progresistas, el nombrado por el PNV y el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. En contra han estado Álvaro Cuesta, elegido a propuesta del PSOE, y Concepción Sáez, propuesta por IU, que han votado en blanco pues creen que el órgano judicial no debería hacer nombramientos mientras tenga su mandato caducado y no se llegue a un acuerdo de los partidos políticos para su renovación, como acaba de exigir la Comisión Europea en un informe sobre la situación del estado de derecho en los países europeos.

En la Sala de lo Penal del Supremo a la que ahora se va Hurtado se revisan en última instancia la mayoría de causas penales que se juzgan en España y es donde acaban los casos de corrupción del país. Allí también ha sido enviado Javier Hernández, de Jueces y Juezas para la Democracia y que ahora estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ha sido votado por 18 vocales y también se han abstenido Cuesta y Sáez por su petición de no nombrar a jueces con el mandato caducado. 19 votos ha recibido también Leopoldo Puente para cubrir la tercera vacante de la sala. Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de un perfil neutro que antes estuvo en la asociación de Jueces y Juezas para la Democracia pero ahora no está afiliado en ninguna asociación.

Los tres nombramientos estaban paralizados desde hace un año por diversas jubilaciones y son prácticamente vitalicios. Salvo que decidan irse por su cuenta, estarán en el cargo hasta los 72 años, edad máxima de retiro. 

Los conservadores presidirán la Sala de lo Contencioso

Dentro de los acuerdos conseguidos -porque el bloque conservador está a falta de un voto para elegir por su cuenta a los jueces- los conservadores también se han hecho con la presidencia de la Sala de lo Contencioso, que es la sala del Tribunal Supremo al que llegan las posibles querellas y denuncias contra decisiones del Gobierno. César Tolosa, conservador que es magistrado del Supremo desde 2014, ha coneguido 18 votos para ello frente a los candidatos progresistas Eduardo Calvo Rojas y María del Pilar Teso Gamella. Cuesta y Sáez han vuelto a votar en blanco.

Otros nombramientos han sido los de María Luisa Segoviano, que será presidenta de la Sala de lo Social, y se convierte en la primera mujer magistrada que llega a un cargo de este nivel. Segoviano, progresista, estará poco en el cargo, porque en 2022 llega a los 72 años que le obligan a retirarse. Jacobo Barja de Quiroga, también progresista, presidirá de la Sala de lo Militar.