La derogación del decreto ley ómnibus en el Congreso ha dejado en suspenso medidas cruciales para millones de ciudadanos. Este decreto incluía la revalorización de las pensiones, bonificaciones al transporte público y ayudas a las comunidades autónomas. La votación, con 177 votos en contra y 171 a favor, ha desatado un tenso debate entre el Gobierno y la oposición, con acusaciones mutuas y un escenario político polarizado (aún más).

En este sentido, este jueves, con los ánimos todavía muy caldeados, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado lo sucedido como un acto de “indignación” contra la ciudadanía, siguiendo la estela marcada horas antes por Pedro Sánchez y Óscar Puente. En el marco de la feria Fitur, Montero ha asegurado que el Ejecutivo trabajará para identificar las medidas que puedan generar mayor consenso en el Parlamento y seguirá dialogando con todas las fuerzas políticas, incluidas Junts, que votó junto a PP y Vox para tumbar el decreto. “El Gobierno, una vez que ha ocurrido esta situación, volverá a estudiar cuáles son las materias que suscitan mayor consenso y cuáles no”.

El impacto en los ciudadanos

La derogación del decreto afecta directamente a la revalorización de las pensiones, la financiación del transporte público y otras medidas sociales. Montero ha denunciado que el Partido Popular y otros grupos de la oposición han actuado de manera irresponsable, utilizando a los ciudadanos “como rehenes” al bloquear estas políticas. “Han impedido que los jóvenes puedan beneficiarse del transporte público bonificado, que los autónomos mejoren su tributación y que las comunidades autónomas reciban 10.000 millones de euros”, ha denunciado.

La ministra también ha cuestionado las razones de la oposición, calificándolas de poco convincentes. “Su objetivo era simplemente infringir una derrota parlamentaria al Gobierno, aunque esto perjudique a una mayoría social”, ha afirmado, acusando al PP de practicar una oposición destructiva y alinearse con políticas de ultraderecha que generan “ruido y desapego” entre los ciudadanos.

La respuesta de las comunidades autónomas

Ante la caída del decreto, varias comunidades autónomas han decidido actuar por su cuenta para mantener las bonificaciones al transporte. En Baleares, el Govern ha anunciado que la gratuidad del transporte público seguirá vigente, a pesar del rechazo en el Congreso. Además, los ‘populares’ han presentado una propuesta en el Congreso para aprobar esta medida de manera independiente.

En Madrid, las tarifas bonificadas al 60% continuarán “de momento”, mientras que Andalucía asumirá un 20% adicional de la bonificación. Ambas comunidades han exigido al Gobierno central que cumpla con su compromiso de financiar las ayudas. Por su parte, la Comunidad Valenciana ha prorrogado las ayudas hasta el 30 de junio, mientras que Galicia reducirá su bonificación al 20% a partir de febrero, instando al Ejecutivo a resolver la situación.

En Castilla y León, la Junta mantendrá descuentos del 25% en líneas ferroviarias y del 20% en autobuses, pero no asumirá el porcentaje financiado previamente por el Estado. Murcia también ha decidido continuar con un 20% de descuento en los bonos multiviaje de transporte interurbano. Asturias y Extremadura se han sumado a esta línea, manteniendo las tarifas actuales en espera de decisiones del Gobierno central.

Medidas locales en ciudades clave

En el ámbito municipal, varias ciudades han tomado la iniciativa para asegurar la continuidad de los descuentos. Barcelona ha confirmado que seguirá aplicando un 20% de bonificación en el transporte, mientras que Zaragoza mantendrá los precios actuales mientras espera una resolución definitiva del Ejecutivo. Santander ha anunciado que mantendrá los descuentos del 50% “en los próximos días”, y otras localidades como Albacete y Palma también han tomado medidas para proteger a los usuarios del transporte público.

En Canarias, el Cabildo de Tenerife ha garantizado la gratuidad del transporte durante todo 2025, mientras que en el País Vasco, las diputaciones de Bizkaia y Álava han decidido mantener las bonificaciones vigentes en sus sistemas de transporte al menos hasta finales de enero o febrero.

El debate político sigue abierto

Montero ha insistido en que el Gobierno no renunciará a buscar soluciones. Así, ha subrayado que las medidas incluidas en el decreto eran urgentes y que su tramitación mediante proyectos de ley llevaría mucho más tiempo. “Vamos a seguir gobernando y trabajando por el interés de los ciudadanos, a pesar de los intentos de la oposición por bloquear nuestras iniciativas”, declaró.

La vicepresidenta también ha instado a los grupos que votaron en contra a explicar sus motivos de forma clara. “Si el modelo del Partido Popular es la congelación de las pensiones o el recorte del transporte público, que lo expliquen abiertamente. Lo que no se puede es votar contra la mayoría social y luego pedir explicaciones al Gobierno”, ha agregado.

Por otro lado, el Ejecutivo ha planteado que no descarta llevar nuevamente las medidas al Parlamento de forma separada o mediante decretos individuales. “No tenemos problema en presentar cuantas iniciativas sean necesarias para garantizar que estas políticas lleguen a la ciudadanía”, ha sentenciado Montero.