El pasado 13 de febrero un acto en homenaje a la División Azul en el que acudieron un centenar de miembros de la extrema derecha provocó una ola de indignación en todo el país después de que la oradora de la ceremonia, Isabel Peralta, lanzara un sinfín de proclamas antisemitas. “Es nuestra suprema obligación luchar por España y luchar por una Europa ahora débil y liquidada por el enemigo. El enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras: el judío. Porque no hay nada más certero que esta afirmación. El judío es el culpable, el judío es el culpable y la División Azul luchó por ello. Quiso librar al mundo del comunismo, de una invención judía destinada a enfrentar a los obreros y terminar con el ideal de las naciones”, señaló durante su discurso la joven ultra.

Una Peralta que poco tiempo después, con las imágenes del acto todavía muy recientes, llegaría a aparecer durante un programa de youtube con una esvástica nazi colgada de la pared de su habitación.

A finales del pasado mes de febrero la sección de Ciberodio de la Fiscalía Provincial de Madrid incoó de oficio diligencias de investigación penal por estos hechos donde se proponía la práctica de una serie de pruebas "conducentes a determinar, esclarecer y concretar los presuntos hechos delictivos".

Sin embargo, la jueza Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, ha decidido archivar el caso porque la magistrada ha considerado que tanto la manifestación, como las proclamas antisemitas de Peralta, “no son constitutivas de delito”.

Asimismo, para justificar su decisión, Rodríguez Medel afirma en su escrito, entre otras cosas, que no hay “ningún grupo que se adhiera a la publicación del discurso anunciado que vaya a llevar a cabo acto de hostilidad alguno o que refleje que se ha incrementado su odio o menosprecio a los judíos".

Un auto de Rodríguez Medel que no solo ha generado críticas por su contenido, sino también por el continente. En este sentido, hay que destacar que, tal y como informa ‘Infolibre’, la magistrada firmó el archivamiento de la denuncia de la Fiscalía el mismo día que la recibió (el 27 de abril). Además, pese a que la jueza se muestra muy firme en su decisión, ha dictado un sobreseimiento provisional (se puede revocar si se presentan nuevas pruebas) en vez de decretar un cierre definitivo.

Por todo ello, este jueves la Fiscalía Provincial de Madrid recurría el archivo de la causa. Según ha informado este órgano, el representante del Ministerio Público pide en su escrito que se revoque la decisión de la jueza "por considerar que no se puede llegar a excluir la existencia de infracción penal sin haber practicado diligencia de investigación alguna", e insiste en que durante el acto se pronunciaron expresiones constitutivas de un delito odio cuando se atribuye la condición de "enemigo" a todo un pueblo "que fue víctima de un genocidio en el marco de la Segunda Guerra Mundial".

Además, la Fiscalía ha recordado que los derechos reconocidos constitucionalmente a toda persona no son absolutos, indicando que "los prejuicios, la intolerancia y el odio, al igual que el pensamiento, no pueden ser prohibidos al integrar la esfera de la intimidad más absoluta de cada ser humano”. “Lo que sí es criminalizable es determinada exteriorización de dichos sentimientos, emociones o pensamientos cuando con ello se lesiona la dignidad de otra persona o grupo de personas”, ha añadido el Ministerio Público en su recurso presentado ante la Audiencia Provisional.

Por último, la Fiscalía ha destacado que no resulta “baladí” investigar la ideología de Peralta, ya que “en el régimen nazi los judíos eran considerados una raza inferior, se potenció su exclusión al amparo de la aversión a este pueblo fundamentada en la religión y culminó en su eliminación en campos de concentración, y esta idea soterrada de superioridad de raza y aversión al pueblo judío subyace en ideologías de extrema derecha”.

Rodríguez Medel, polémica tras polémica

Hay que recordar que no es la primera vez que la jueza Carmen Rodríguez Medel es objeto de polémica. Sin ir más lejos, hace un mes, en plena campaña electoral para los comicios madrileños, la magistrada rechazó la retirada del cartel de Vox que criminalizaba a los menores extranjeros no acompañados.

En aquella ocasión, Rodríguez Medel argumentó que no veía delito de odio en el cartel porque no implicaba un riesgo para los menores migrantes: “La calificación jurídica del hecho como delito de odio no puede depender de si las cifras que aparecen en el cartel son o no ciertas. Por decirlo de otro modo, lo delictivo sería que, del propio tenor literal del texto del cartel, fuese cierto o no, se desprendiese esa incitación al odio que hiciese que la conducta sea reprochable penalmente y que no pueda enmarcarse en el ámbito de la libertad de expresión”.

Un año antes, en concreto el 25 de marzo de 2020, tan solo nueve días después de decretarse el estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus, Rodríguez Medel volvió a acaparar los focos mediáticos después de abrir diligencias contra el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por una presunta causa de prevaricación por no haber prohibido la manifestación del 8-M. Pese a señalar en su propia tesis que tenía dudas de que la causa pudiera tener un recorrido judicial, la magistrada tomaba la decisión de llamar a declarar a Franco después de dar como bueno un informe elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y que estaba lleno de bulos, declaraciones manipuladas y un despropósito de fechas. Un hecho que provocó que la abogada del Estado, Rosa María Seoane, acusara directamente a la magistrada de estar actuando por motivos políticos –fue asesora del Ministerio de Justicia en la etapa de Rafael Catalá-. Tres meses después, la causa fue archivada.

También hay que recordar que Rodríguez Medel fue la responsable de elevar ante el Tribunal Supremo el caso máster del líder del Partido Popular, Pablo Casado, después de concluir que al dirigente popular le regalaron el máster por su “relevancia política”. Por ello, pidió la imputación de Casado por delitos de cohecho y prevaricación. No obstante, el Alto Tribunal rechazó investigarle porque no encontró “indicios” de que se hubiera producido “un trato de favor”.