La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha mostrado totalmente en contra de la derogación “íntegra” de la reforma laboral pactada por PSOE y Podemos con EH Bildu. Un día más tarde de que trascendiera el acuerdo rubricado por los portavoces de los tres partidos, la dirigente ha especificado que “sería absurdo abrir este debate”. “Los contribuyentes nos pagan por solucionar problemas y no por crearlos. El Gobierno sabe que la prioridad es recuperar la actividad económica y apoyar a los empresarios y a los trabajadores”, ha añadido.
Palabras que chocan con las realizadas por el vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, quien no ha dudado en confirmar que se cumplirá con lo que se ha firmado: “Ese es el acuerdo. Lo firmado y lo escrito en un papel es lo firmado. Estoy siendo cristalino”. Más cauto, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha señalado que se trataba de una “matización”, aunque esta versión no ha contentado a EH Bildu, quien, en palabras de su presidente, Arnaldo Otegi, ha señalado que “los pactos están para cumplirlos conforme a la literalidad en la que se ha plasmado el acuerdo”.
Con el Ejecutivo dividido entre aquellos que apuestan por la derogación “íntegra” de la reforma laboral del PP y los que, por el contrario, consideran que no es el momento de caminar en esta dirección, todos los ojos se posan sobre Adriana Lastra. La portavoz socialista fue quien firmó el documento a tres en el que se especificaba de forma clara que se procedería a la derogación “íntegra” de la reforma laboral “antes de la finalización de las medidas extraordinarias por el COVID-19”.
Al parecer, y tal y como han asegurado fuentes socialistas, Lastra dejó en manos de su equipo de confianza la redacción final del pacto, creyendo que sendas partes se limitarían a plasmar lo acordado. Por ello, el Gobierno matizó el acuerdo entrada la medianoche, suavizando los términos de la derogación y explicando que solo se procedería a derogar de forma urgente el despido por absentismo (prohibido ya en febrero), las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
Idas y vueltas en la versión del Gobierno que evidencian el problema existente entre dos sectores del consejo de ministros. Calviño, especialmente crítica con la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy, no conocía los términos del acuerdo hasta que trascendió en los medios de comunicación. Sin embargo, con los papeles sobre la mesa su voz se escuchó y fue clave para que el Gobierno acabara enviando una rectificación horas más tarde de asegurarse la abstención de la formación abertzale.
Pero la marejada no ha sido solo política. Al descontento de la derecha, de Ciudadanos, de los socios del bloque de la moción de censura y del propio seno del Gobierno se ha sumado el del sector empresarial. La patronal de los empresarios CEOE ha anunciado la suspensión del diálogo social con el Gobierno como protesta por el acuerdo, llegando a cancelar la reunión que tenían prevista este mismo jueves con el ministro José Luis Escrivá. Garamendi ha explicado en RNE que "el diálogo social está en suspenso, no tiene sentido sentarse a una mesa cuando ya sabes lo que se va a acordar".
