El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, un conjunto de reglamentos que el Parlamento Europeo aprobó en 2024 y que transformarán la gestión migratoria en todo el continente, entra en vigor este viernes 12 de junio. Provocará, tras años de gestación, la activación de una maquinaria de sistemas policiales, judiciales y aduaneros, procedimientos de criba en frontera y un sistema de vigilancia biométrica que incluirá la cara y las huellas dactilares de cualquier menor no acompañado desde los seis años de edad. En esencia, supone el fin de lo que podía conocerse como la 'Europa abierta', y establecerá controles muy severos sobre los flujos migratorios y apuntalará un volantazo conservador en la manera de tratar este asunto por parte de la administración comunitaria.
"El acuerdo hará que el retorno de los migrantes sin derecho a permanecer en la Unión Europea sea más rápido y más coherente en toda Europa", argumentaba esta semana la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, después de que la Eurocámara y el Consejo Europeo aprobasen el texto. El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, calificaba de "innovador" este plan europeo. Entre su articulado, la normativa contempla la creación de centros de expulsión en terceros países y elimina la obligación de que estos tengan necesariamente una vinculación con las personas deportadas y expulsar de forma inmediata a aquellas personas a las que se les haya denegado la solicitud de asilo. En la práctica, medidas que suponen un fuerte endurecimiento de las fronteras y el desarrollo de mecanismos para agilizar las expulsiones de personas migrantes fuera del continente. Sin que la extrema derecha haya llegado a gobernar en prácticamente ningún país del Viejo Continente, sus marcos sobre inmigración se están imponiendo igualmente en la administración de Bruselas.
La medida que entrará con mayor celeridad en vigor es el procedimiento de cribado en todos los puntos de entrada de la Unión Europea. Cualquier persona que llegue, por ejemplo, a las costas canarias, tendrá que someterse a exhaustivos controles de identidad, estado de salud y perfil de seguridad en un plazo máximo de siete días, tiempo en el que los migrantes no tendrán derecho legal a pisar territorio nacional. El pacto lo recoge en su cuerpo bautizándolo como "ficción de no entrada", en lo que, en otras palabras, consiste en un limbo jurídico administrado en instalaciones fronterizas que España tendrá que habilitar o ampliar.
Si los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya operaban al límite de su capacidad, la situación se tensará todavía más ahora, y la obligación de retener sistemáticamente a quienes llegan, implicaciones y lecturas político-humanitarias aparte, exige una inversión en infraestructuras adicional que dependerá del Ministerio del Interior. A este cribado le sigue, de forma automática para ciertos casos, el procedimiento fronterizo exprés de asilo. Si el solicitante proviene de un país con una tasa de concesión de protección internacional inferior al 20%, su caso debe resolverse en un máximo de 12 semanas. Mientras dura ese proceso, la persona permanecerá confinada en zonas de tránsito o las citadas ubicaciones fronterizas habilitadas, sin poder esperar una decisión en libertad.
Acuerdos con paises africanos y de otras regiones
Por otro lado, fuentes comunitarias han confirmado que ya se están explorando acuerdos con países africanos y de otras regiones, a cambio de financiación, cooperación económica o facilidades de visado. Este mecanismo, que hace unos años era impensable, escenifica perfectamente cómo se ha transformado la política migratoria europea. "Esto simboliza mejor que ninguna otra cosa la transformación en marcha", señala un veterano diplomático que lleva más de dos décadas trabajando en asuntos migratorios en Bruselas. "La cuestión ya no es cómo acoger a quienes llegan, sino cómo impedir que lleguen y cómo expulsarlos cuando lo hacen", añade, en un cambio claro de lectura de la administración comunitaria.
Durante años, la Unión Europea ha debatido sobre cuotas de refugiados, integración y solidaridad, acogiéndose a una suerte de valores que ahora se están difuminando. El avance de la ultraderecha y la permeabilidad de su discurso en los conservadores tradicionales ha provocado que el sujeto de conversación cambie hacia deportaciones, control sobre las fronteras y acuerdos con terceros países para frenar la migración.
"Con las nuevas reglas tendremos más control sobre quién puede venir a la UE, quién puede quedarse y quién tiene que marcharse", defendía la pasada semana el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, uno de los principales impulsores del nuevo reglamento. "Estamos poniendo en orden Europa", continuaba.
Arquitectura política y física centrada en el control
La construcción de reglamentos e instalaciones especialmente destinadas al control de la migración tiene un nombre: arquitectura política. Vallas, muros, deportaciones, centros de internamiento y de vigilancia, etcétera. El profesor de Política Internacional en la Universidad Queen Mary de Londres Jef Huysmans define este fenómeno como "securitización", que implica que Europa ha pasado de tratar la inmigración como un asunto socioeconómico a un tema relacionado con la seguridad.
Uno de los primeros puntos de inflexión para este viraje, según el académico búlgaro Ivan Krastev, fue la crisis de refugiados de 2015, cuando más de un millón de personas llegaron a Europa. Aquello alteró la naturaleza del debate y transformó la inmigración, otrora una cuestión humanitaria, de solidaridad y de comprensión del funcionamiento de los aspectos geopolíticos del globo, a un asunto relacionado con términos mucho más legislativos, como la identidad, las fronteras y el control político. La pregunta había cambiado y ya no era a cuántas personas se tiene capacidad para acoger, sino cómo decidir quién entra y quién no, un giro ideológico que ahora se materializa en decisiones políticas concretas como las plasmadas en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. "Nosotros, como europeos, decidiremos quién viene a Europa y bajo qué circunstancias, y no las mafias ni los traficantes", dice constantemente Ursula Von der Leyen.
La regularización en España y la 'trumpización' europea
En España, el Gobierno ha impulsado medidas a la contra de este viraje con, por ejemplo, la regularización de miles de inmigrantes que ya residían en nuestro país. El Ejecutivo español defiende abiertamente la necesidad económica de la inmigración, y se encuentra en el extremo opuesto de, por ejemplo, Alemania. El país que en 2015 abrió sus puertas a más de un millón de personas bajo el lema Wir schaffen das (Lo conseguiremos) hoy es uno de los más duros con la inmigración.
Investigaciones recientes ponen el foco, precisamente, en 2015. Desde entonces, el marco ha cambiado desde la solidaridad y la ayuda humanitaria al orden, la seguridad y el control migratorio. Al igual que Alemania, Francia ha seguido una línea parecida bajo las presiones de Marine Le Pen y la ultraderecha. Países Bajos, testigo del triunfo del ultra Geert Wilders, ha consolidado una agenda política centrada en atajar la inmigración, igual que Giorgia Meloni en Italia o Viktor Orbán en Hungría. Dinamarca ha sido, no obstante, el caldo de cultivo del camino hacia el que se está dirigiendo la Unión Europea. Los socialdemócratas daneses asumieron un discurso relacionado con los retornos y la disuasión, compaginándolo con el resto de rasgos más esperables de su ideario.
Viendo la dirección hacia la que se está dirigiendo la política migratoria europea, algunos críticos llegan a hablar de una 'trumpización' de la misma. "Es justo decir que algunos responsables políticos europeos se inspiran en las políticas crueles de Trump", sostiene la directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, Judith Sunderland. "El nuevo reglamento de retornos refleja una obsesión similar por las deportaciones y algunas de las medidas previstas plantean preocupaciones por su similitud a las del ICE estadounidense (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Pero Europa llevaba años realizando devoluciones ilegales, externalizando el control migratorio a países con pésimos historiales de derechos humanos y erosionando progresivamente el derecho de asilo mucho antes de Trump", señala, salvando las diferencias con las deportaciones masivas que lleva a cabo la administración Washington.
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