La semana arrancaba con novedades en el ámbito judicial. Paralelamente a las declaraciones que se están haciendo tanto en las sesiones del 'caso Mascarillas' como del 'caso Kitchen', la jornada del lunes comenzaba con un importante titular, ya que, tras haber decidido no prorrogar la fase de Instrucción, el juez Peinado acordaba procesar a Begoña Gómez por cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Así, archivaba la causa abierta contra ella por intrusismo laboral.
Este proceso judicial en activo contra la mujer del presidente del Gobierno de España viene despertando numerosas polémicas desde que se iniciara en abril de 2024, tras admitir a trámite el juez Juan Carlos Peinado una denuncia presentada por Manos Limpias. Dos años más tarde, la fase de Instrucción de este caso, que ha vivido numerosos momentos en los que las actitudes del magistrado han encontrado críticas por parte de instancias superiores y presenciado cómo se anulaban sus resoluciones tanto por falta de pruebas como de argumentos para el procesamiento, parece llegar a su final, no sin, nuevamente, generar gran controversia.
Atisbando el final de su trayectoria profesional en los juzgados, pues se jubila en este 2026, Peinado finaliza la fase de Instrucción del caso con un auto de procesamiento en el que se han hallado frases que, más que enfocarse en el ámbito jurídico, han estado cargadas de contenido político, afirmando que en el Gobierno ha habido conductas propias de regímenes absolutistas y comparado a Pedro Sánchez con Fernando VII.
Además de ello, y como ya ocurrió con otros autos del juez Peinado en relación a este proceso judicial, ha vuelto ha criticarse en gran medida que la resolución del magistrado ha estado cargada de mensajes críticos, pero que ha vuelto a contar con una importante escasez de pruebas y argumentación para propiciar que Begoña Gómez se siente en el banquillo.
Esta dinámica, que ha sido una constante desde el inicio de la fase de Instrucción, fue reprochada el propio lunes por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que, tras sus palabras, ha encontrado críticas tanto por parte de las formaciones políticas de la derecha como de la Asociación Profesional de la Magistratura.
En una rueda de prensa celebrada este martes, Félix Bolaños ha respondido tanto estos reproches, como nuevamente ha dejado referencias al auto del juez Peinado. Así, ha subrayado que, "afortunadamente, hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII y, por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho".
De esta manera, el ministro aseguraba que posee una confianza absoluta en la Justicia española. Una afirmación que realizaba apuntando a los tribunales superiores sobre los cuales señalaba que "ya han anulado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho y que eran contrarias a nuestro ordenamiento jurídico".
Por su parte, Óscar Puente, presente también en la rueda de prensa y en un tono más severo, ha cuestionado si causas judiciales como esta "están pretendiendo violentar la acción política de los representates elegidos democráticamente". Así, ha subrayado que de la respuesta que se dé a esa pregunta depende, en buena medida, el presente y el futuro de la democracia española. "Creo que es vital que todos y cada uno de nosotros nos preguntemos si estamos ante decisiones judiciales que refuerzan nuestra democracia, es decir, que persiguen la impunidad, o estamos ante decisiones judiciales que la debilitan... Esa, para mí, es la clave", sentenciaba.
