El bloque de la investidura reaviva el pulso por la vivienda con el enigma de Junts

Las fichas del tablero de la vivienda se reactivan en el Congreso de los Diputados. Al menos para enviar el mensaje a la sociedad de que desde el Gobierno y sus arietes parlamentarios se intenta atajar el que para los españoles es el principal problema del país. Lo hace con dos focos de acción. Por un lado, este martes, los socios de la investidura mantienen una reunión a puerta cerrada con Ejecutivo en la Carrera de San Jerónimo para avanzar en la tramitación de la ley del alquiler temporal, que busca equiparar en derechos para inquilinos y en obligaciones a caseros al arrendamiento ordinario. El otro escenario principal será el propio Pleno, donde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) defenderá una proposición de ley para la creación de un gravamen a propietarios de tres o más viviendas. Una iniciativa para poner a prueba al PSOE en constante choque por la crisis del acceso a la vivienda.

En el marco de la regulación del alquiler de temporada, para alcanzar un punto de encuentro son necesarios los siete votos de Junts. La ruptura de relaciones con el Gobierno complica las cosas sobremanera, máxime cuando los neoconvergentes presentaron una serie de enmiendas al articulado que se discutirán junto a las del resto de grupos parlamentarios. Lo cual prueba que a los independentistas no les convence en exceso la normativa impulsada por los aliados del Ejecutivo y buscan rebajar sus pretensiones a cambio de su voto positivo. No obstante, fue Junts quien propició que el texto comenzara la tramitación hace casi un año, cuando corrigió su negativa inicial por la presión; a pesar de que entonces ya avisaban de que sólo darían su visto definitivo si se incluían cambios sustanciales.

Esas variaciones se recogen en las nueve enmiendas presentadas por los soberanistas y que buscan restringir el ámbito de aplicación de la ley a los alquileres de temporada. Única y exclusivamente. Una maniobra que evitaría que los arrendatarios ensanchen sus derechos. Los neoconvergentes justifican que regular el alquiler habitacional es poco menos que una invasión de las competencias del derecho civil de Cataluña y, en tal caso, debe ser el Parlament quien legisle en dicho sentido. Al mismo tiempo, plantean descafeinar la supresión de la nueva redacción del concepto de alquiler que establecería en la ley que los arrendamientos temporales únicamente serán lícitos cuando tengan “causa justificada”; así como que tal justificación sólo se circunscribiría a una especificación “con precisión en el contrato” de la “causa habilitante de la temporalidad, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista”. Los juntaires, en cambio, creen que estas restricciones liquidan la figura del “contrato de alquiler de temporada de vivienda”.

Con tales demandas sobre la mesa, parece complicado que de la reunión que se celebrará este martes a puerta cerrada durante la fase de ponencia salga un mínimo acuerdo. Especialmente porque los aliados del bloque de la investidura no parecen por la labor de aceptar las pretensiones de los juntaires. Tampoco PSOE y Sumar, cuyas enmiendas se orillan en la margen opuesta de las registradas por los de Miriam Nogueras. Ambas fuerzas convergen en la aplicación de la ley tanto al alquiler temporal como al arrendamiento habitacional, además de la aprobación paralela de un código sancionador para aquellos arrendadores que incumplieran los requisitos fijados por el nuevo marco normativo.

Gravamen republicano

Por otro lado, Esquerra asumirá protagonismo en el Pleno este mismo martes para defender su proposición de ley que busca la creación de un impuesto a propietarios de tres o más viviendas. El debate coincidirá con la reactivación de la ley de los alquileres de temporada que se debate entre bambalinas en la Comisión de Vivienda. En cualquier caso, lo que plantean los republicanos es un gravamen para evitar la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y que se incrementa en conjunto con el número de viviendas.

El grupo que dirige Gabriel Rufián quiere que el gravamen sea complementario al IVA, con el objetivo de “penalizar la concentración especulativa de vivienda y fomentar la movilización hacia la tenencia en propiedad de la misma residencia y hacia el alquiler por vivienda social”. De tal modo, el impuesto progresa del 4, al 8 y posteriormente al 12% entre la tercera y la quinta vivienda, respectivamente. A partir del quinto se elevaría a un 5% adicional por cada nueva unidad para ayudar a “evitar la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores”.

Los republicanos incluyen dentro de este marco regulativo la eliminación de los beneficios fiscales de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), al considerar que operan con un régimen de prácticamente exención impositiva y actúan como catalizadores de la financiación de vivienda. Por otro lado, en cuestiones de IVA, proponen la aplicación inmediata de un tipo impositivo del 21% a viviendas de uso turístico; normativa que el PSOE también ha impulsado vía proposición de ley. El objetivo – explican desde ERC – sería ecualizar el gravamen aplicable a estos alojamientos, habida cuenta de que hasta ahora no se reflejaba adecuadamente el valor de los servicios que ofertan.

En paralelo, los republicanos plantean en su articulado el tipo mínimo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas que no constituyan residencia habitual y propiedad de grandes tenedores. Explican que su fin es que sean los ayuntamientos los que puedan penalizar usos como el alquiler turístico y priorizar un “uso residencial, estable y sostenible”. “La vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía o un activo financiero: es un derecho que hay que garantizar”, clamaba la portavoz republicana de Vivienda, Etna Estrems.