La representación jurídica del BBVA ha comparecido este jueves otra vez ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y se ha sometido a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción durante cinco horas, que se suman a las más de tres horas y media de interrogatorio al que respondió el pasado día 20 sobre los 13 años de contratos por importe superior a los 10 millones de euros que firmó con empresas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
Según explicaron fuentes jurídicas al término de esta sesión, que se retomará próximamente, el motivo de la extensión es que al tratarse de una persona jurídica investigada debe aclarar no sólo las contrataciones en sí, sino el papel que habrían jugado los empleados del banco supuestamente implicados, el conocimiento que como entidad tenía de los hechos y las medidas que adoptó al respecto en cada uno de los casos, si las hubo.
A la entidad se le imputan indiciariamente delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios a cuenta de esos contratos que habría suscrito con la mercantil Cenyt y por los que estuvo pagando hasta al menos, abril de 2017, pocos meses antes de que Villarejo entrase en prisión, de acuerdo a las facturas adelantadas por Vozpopuli y a las que tuvo acceso Europa Press.
A cambio, debía desempeñar tareas que según los audios y el material al respecto que han venido difundiendo en los últimos meses moncloa.com y El Confidencial, iban desde espiar a políticos y periodistas hasta maniobrar para evitar la entrada de una empresa en el consejo de administración del banco, pasando por localizar capital de morosos y hacer informes sobre empresas de interés para la entidad.
