Los cinco directivos y ex directivos del BBVA que estaban citados este martes para comparecer en la Audiencia Nacional en calidad de investigados por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos han pasado este martes ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción por el caso Villarejo. Todos salvo José Manuel García Crespo, exresponsable de los servicios jurídicos, que no ha podido acudir por estar de viaje.
Los investigados se han acogido a su derecho a no declarar dado que la causa es secreta en una estrategia que, hasta la fecha, solo han roto dos de los imputados, el expresidente del banco Francisco González, defendido en el caso por Jesús Santos, y su ex responsable de Real Estate Antonio Béjar, representado por el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez.
Los citados esta mañana eran Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de BBVA, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman; Eduardo Arbizu, que hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado al conocerse la imputación del BBVA, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno; el otro exjefe de Riesgos, Manuel Castro; y el responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega.
Para protegerse, los imputados han contratado a fichajes estrellas que les defiendan durante el proceso, según El Confidencial, y que ya han trabajado en ocasiones con BBVA. De esta forma, Eduardo Arbizu ha contratado a Javier Sánchez Junco, el fiscal anticorrupción que persiguió a Mario Conde en su momento; Manuel Castro ha confiado en otro exfiscal, Luis Jordana, de Cuatrecasas y por su parte, Juan Asúa es defendido por Gonzalo Rodríguez Mourullo, el mismo abogado que ha representado a otros imputados en el caso como Julio Corrochano.
Otros de los imputados en el caso también han elegido el Estudio Jurídico Rodríguez Mourullo, salvo el exCEO Ángel Cano y el exdirectivo Ricardo Gómez Barredo, representados por José Bonilla.
Todos estaban citados a partir de las 9.30 de la mañana ante el juez Manuel García Castellón y han declinado responder a las preguntas del instructor y los fiscales alegando que desconocen el contenido de las actuaciones. Esta pieza, separada de la causa Tándem y centrada en 13 años de contratos entre el BBVA y la empresa Cenyt de Villlarejo por importe superior a 10 millones de euros, permanece bajo secreto.
Una decena de investigados
Este miércoles será la representación legal de BBVA la que acuda a la Audiencia Nacional, ya que la compañía está imputada como persona jurídica por cohecho y corrupción en los negocios en relación a este asunto. Hasta la fecha, la entidad ha venido anunciando su disposición a colaborar con la justicia.
En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, así como la sustituta de Corrochano en Seguridad, Inés Díaz Ochagavia; y el jefe de grupo en este área Nazario Campo Campuzano.
También han comparecido como investigados el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo, y su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas. Todos ellos han optado por ejercer su derecho a guardar silencio, igual que Antonio Bonilla, policía que en segunda actividad trabajaba para el comisario y que está asimismo imputado en esta pieza.
