Las nuevas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y Cuca Gamarra han devuelto al debate la compra del ático de lujo de Chamberí por parte de una empresa pública de la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña sostiene que no ha necesitado nunca una residencia oficial y que tampoco la necesitará a diez meses de las elecciones. La vicesecretaria de regeneración institucional del PP asegura, además, que Ayuso ya ha dado todas las explicaciones necesarias sobre la operación. Pero hay una cuestión distinta de la discusión sobre si el inmueble iba a convertirse o no en la residencia oficial de la presidenta: ¿qué se sabe exactamente sobre la compra y qué sigue sin aclararse?
Planifica Madrid adquirió el inmueble el pasado 14 de abril por 6,3 millones de euros. Se trata de un ático de 485 metros cuadrados, con cinco habitaciones, seis baños y una amplia terraza con vistas al centro de Madrid. La operación, sin embargo, no figura en el portal de transparencia de la Comunidad ni en las cuentas anuales de la compañía, según la información conocida hasta ahora.
La primera explicación ofrecida por el Gobierno regional fue que el inmueble se utilizaría como oficina temporal mientras se acometían obras en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia. Esa justificación abrió nuevas dudas cuando se conoció que la normativa urbanística no permite instalar oficinas en el ático.
La propia Comunidad terminó anunciando la venta del inmueble apenas un día después de que se hiciera pública la compra. Lo puso en el mercado por 6,7 millones de euros, 400.000 más que el precio de adquisición.
¿Para qué se compró el ático en abril?
La cronología es, por tanto, una de las cuestiones que siguen sobre la mesa. El ático se compró el 14 de abril. Las obras de la sede de Presidencia a las que inicialmente se vinculó su utilización fueron adjudicadas el 7 de agosto, casi cuatro meses después, al estudio de Alejandra Pombo y por cerca de 60.000 euros, mediante un procedimiento sin concurso.
Eso no permite concluir por sí solo que exista una irregularidad ni que una operación estuviera necesariamente condicionada por la otra. Pero sí deja abierta una pregunta concreta: ¿qué necesidad de espacio justificó la compra del ático en abril, cuando las obras con las que posteriormente se relacionó todavía no habían sido adjudicadas?
¿Quién decidió la operación y cómo se fijó el precio?
También queda por aclarar con mayor detalle cómo se tomó la decisión de comprar el inmueble. Planifica Madrid fue la sociedad pública que formalizó la adquisición, pero no se han hecho públicos todos los elementos que permitirían reconstruir el proceso: quién planteó la operación, qué informes la respaldaron, qué alternativas se estudiaron y cómo se determinó que 6,3 millones era un precio adecuado para las arcas públicas.
El precio es, de hecho, otra de las preguntas pendientes. La Comunidad ha explicado el destino que inicialmente se pretendía dar al inmueble, pero no ha informado oficialmente de todos los detalles económicos de una operación de 6,3 millones de euros. La cuestión no es solo cuánto se pagó, sino cómo se valoró el inmueble antes de adquirirlo y qué criterios se utilizaron para decidir que la compra resultaba conveniente.
La posterior decisión de venderlo añade otro interrogante. Si el inmueble respondía a una necesidad de la Administración, ¿qué cambió entre el 14 de abril y finales de julio para que dejara de ser necesario? Y si existían limitaciones urbanísticas para los usos que se habían anunciado, ¿fueron analizadas antes de cerrar la operación?
La venta tampoco ha cerrado el capítulo económico. La Comunidad ha fijado un precio de salida de 6,7 millones, por encima de los 6,3 millones abonados inicialmente. Queda por ver si finalmente se vende por esa cantidad o por otra y, en ese caso, cuál será el resultado definitivo para las cuentas públicas. Mientras tanto, un abogado ha acudido al Tribunal de Cuentas para reclamar que se investigue si pudo existir responsabilidad contable por un eventual menoscabo de fondos públicos.
La polémica política no responde a las preguntas pendientes
En paralelo, el inmueble ha quedado rodeado de otra circunstancia que ha alimentado la controversia política: Alberto González Amador, pareja de Ayuso, también ha puesto a la venta el ático en el que ambos convivían en Chamberí. Posteriormente se ha conocido además el traslado de la presidenta a una nueva vivienda en Puerta de Hierro. Son hechos que han elevado el ruido político alrededor del asunto, pero que no responden a la cuestión central sobre la adquisición realizada por la Comunidad.
La discusión, por tanto, puede desplazarse de la hipótesis sobre una eventual residencia oficial a una cuestión mucho más concreta y comprobable: la gestión de una operación inmobiliaria con dinero público. Ayuso insiste en que nunca ha pedido una residencia oficial y que no piensa hacerlo ahora. Esa afirmación despeja, al menos en sus propios términos, una de las interpretaciones que han acompañado a la polémica. Pero no responde a otras preguntas.
Siguen pendientes de conocerse con detalle las razones que llevaron a Planifica Madrid a comprar el ático en abril, la documentación que justificó la operación, el procedimiento seguido, la valoración del inmueble, la explicación de su precio y la relación temporal entre la compra y las obras de la sede de Presidencia. Son preguntas diferentes de si Ayuso necesitaba o no una residencia oficial. Y son precisamente las que permitirían determinar si la operación fue una decisión inmobiliaria justificada de una empresa pública o una compra cuya utilidad para la Administración no quedó suficientemente acreditada desde el principio.
Por eso, más allá de las nuevas declaraciones de la presidenta y de la dirección nacional del PP, la cuestión que sigue abierta no es tanto qué uso personal iba a tener el ático. Es algo más sencillo: por qué se compró, quién decidió comprarlo, con qué información se hizo y por qué, apenas unos meses después, la Comunidad decidió desprenderse de él.
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