La Abogacía del Estado recrimina al juez Hurtado que no está permitiendo la defensa del fiscal general: "Investigación inquisitiva y prospectiva"

Ha sido mientras se abordaban las cuestiones previas del juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz. Consuelo Castro, abogada del Estado representante del fiscal, ha recriminado al juez Hurtado la manera en la que el procedimiento judicial se está llevando a cabo. Así, llegaba a señalar que la investigación se ha desarrollado de manera "inquisitiva y prospectiva", no solo eso sino que no encontraba necesario que se diera "vía libre" a la Guardia Civil para copiar la totalidad del teléfono de García Ortiz sin que existiera un motivo justificado. 

Según la Abogacía del Estado, todo lo que se extrajo del móvil del fiscal general del Estado debería de dejar de ser parte del proceso. Por su parte, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha puesto también en entredicho la manera en la que había compuesto la sala, apuntando a que cinco de los siete jueces que componen el tribunal son los mismo que dieron lugar a abrir la causa contra él. Esto era algo por lo que entendía que no disponían de un contexto válido que les permita juzgar a García Ortiz.

En los primeros compases del juicio, el fiscal general ha negado ser culpable de los delitos de los que se le acusan. Una vez pasado este punto, ha sido en la lectura de las cuestiones previas donde Consuelo Castro se ha mostrado rotunda con el juez Hurtado, del que entiende ha gestionado el proceso de tal manera que ha hecho que en el juicio el fiscal general no esté disponiendo de opción de defenderse y que sus derechos no se han garantizado. Así, según la abogada del Estado, la investigación llevada a cabo por Hurtado en la fase de instrucción ha sido "prospectiva" y la desarrolló desde un primer momento con la concepción de que García Ortiz es culpable.

Una crítica que realizaba haciendo alusión a que el magistrado ofreció "resistencia" a que se ahondara en si la filtración del reconocimiento de culpabilidad que hacía Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, se hubiera podido dar por otra vía. “Una investigación unidireccional y una investigación parcial de los hechos con omisiones llamativas”, señalaba Consuelo Castro. En este sentido. ha recordado que la orden de registró que realizó, y que ejecutó la UCO, fue "una incautación excesiva e injustificada”.

Así, la abogada del Estado apuntaba a que todas las investigaciones partían de un concepto de culpabilidad de García Ortiz preconcebido, sin dar cabida a la posibilidad de que pudieran ser otras personas las que procedieran a la filtración. De hecho, exponía esto como un ejemplo de que ha existido una "operación política", hallando una evidente "ambigüedad" a la hora de marcar los hechos por los que se le investigaba.  “Nunca hemos sabido de qué imputaciones había de defenderse. La defensa nunca ha sabido con certeza qué hechos son objeto de investigación”, argüía en el juicio.

La Abogada del Estado expresó su malestar al considerar que el juez Hurtado dedicó más esfuerzos a investigar si el fiscal general había eliminado datos de su teléfono que a indagar si el correo de la pareja de Ayuso pudo haberse filtrado por otros medios. Así, apuntaba a que se llevaron a cabo muchas más diligencias de acusación que de defensa. Para ejemplificarlo, recordó que la defensa de García Ortinz apenas logró que se citara a declarar a algunos periodistas que habían acudido a una notaría. En cambio, el magistrado negó la solicitud de obtener el teléfono de Miguel Ángel Rodríguez, planteada por la defensa, pero sí aceptó requerir el de Juan Lobato cuando lo pidió la acusación.

Por su parte, la teniente fiscal del Tribunal Supremo también criticó duramente la actuación de Hurtado, recordando que él mismo admitió que su instrucción, pese a considerarla “magnífica”, había resultado escasamente productiva y no había aportado nuevas pruebas.