En febrero del año pasado, ElPlural.com publicaba que cinco urbanizaciones del municipio madrileño de Colmenar de Oreja se encontraban en una encrucijada con su sistema de abastecimiento de agua potable, sin que la respuesta institucional alcanzase a ayudar a los más de 3.500 vecinos que allí residen. Estas comunidades de vecinos reciben su suministro de agua de manera independiente, concretamente de un pozo cercano al Río Tajo, cuyo propietario lo cedió para el abastecimiento con dos condiciones: que se crease una mancomunidad de aguas para tres de las cinco urbanizaciones afectadas, y que la titularidad del pozo estuviera bajo dicha mancomunidad, deseos que no se cumplieron. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha declarado, ahora, la extinción del derecho de aprovechamiento de estas aguas que abastecen a los residentes desde 1991 al considerar que no se satisfacen las condiciones necesarias para mantener la autorización.
La historia de este problema se remonta muy atrás en el tiempo y se puede separar en diferentes fases. José Luis Leao, presidente de la Asociación de Vecinos de Urbanizaciones de Colmenar de Oreja (AVUCO), contaba a este medio en su momento el estado en el que se encontraba el caso. "El problema de todo esto es que el agua de ese pozo siempre ha sido un agua con mucha cal, y cada día más por la sequía. En diciembre de 2024, la Consejería de Sanidad declaró el agua no potable. Realmente ya no era potable de antes, porque en 2018 empezó a recomendarse que no fuese consumida por niños y ancianos. Desde 2018 a la fecha incumplía algunos parámetros, y desde diciembre del 2024 se ha considerado oficialmente no potable", explicaba Leao.
Por otro lado, el entrevistado también denunciaba la superación del caudal máximo autorizado en la concesión inicial de la Confederación Hidrográfica del Tajo. La cantidad se cifraba en 240.000 metros cúbicos, pero se han excedido 488.000 metros cúbicos de dicha cifra, lo que ha provocado la incoación de un expediente sancionador por el exceso en la extracción de agua para el abastecimiento domiciliario a las viviendas. En el expediente, se proponía que fueran los vecinos los que paguen una multa de 918.613 euros por daños al dominio público hidráulico, y otra multa de un millón de euros por el alumbramiento de aguas subterráneas y la construcción de dos pozos sin autorización, a pesar de no haber sido ellos los responsables de ninguno de estos problemas.
Extinguido el derecho de los pozos y sin soluciones
Un año después de la publicación de aquella información, la CHT ha dictado resolución para extinguir el citado derecho, con 35 años de antigüedad, para la explotación de los pozos actualmente en uso. La decisión de cierre de estos pozos se fundamenta desde el organismo con los tres siguientes motivos, según el comunicado publicado por las asociaciones vecinales Ave Fénix y AVUCO:
- Los destinatarios de las aguas (los vecinos de las urbanizaciones) y el titular de los terrenos donde están los pozos no coinciden con el titular al que se concedió el permiso para extraer agua; el volumen de agua que se extrae es un 265% superior al que se autorizó, y actualmente hay tres puntos de captación cuando solamente se autorizó uno.
- Nunca se solicitó el cambio de titularidad.
- No se ha realizado ninguna actuación para corregir la irregularidad en la situación de estos pozos.
La resolución de la CHT establece un plazo máximo de tres meses para llevar a cabo el cierre definitivo de los pozos, plazo que comienza a contarse a partir de su notificación, que se dio el pasado 27 de enero. Declara, además, que en caso de que no se sellen los pozos en dicho plazo, se podría imponer una multa coercitiva o la ejecución subsidiaria, que se traduce en que de no cerrarse los pozos, lo hará la propia Confederación Hidrográfica del Tajo y reclamará el coste de los trabajos, además de las multas que puedan imponer, además de poner en marcha procedimientos sancionadores.
"Dado que los vecinos afectados no hemos recibido hasta el momento ninguna comunicación sobre este asunto, consideramos imprescindible trasladar esta información, sin ánimo de generar alarma, pero considerando nuestra obligación destacar que se trata de un asunto de la máxima importancia, tanto por las posibles repercusiones en el suministro de agua a nuestros domicilios como por las consecuencias administrativas y legales para los vecinos en caso de continuar la explotación sin el correspondiente título habilitante. Ambas asociaciones estamos analizando en profundidad la situación y valorando las actuaciones que, dentro del marco legal, permitan defender los intereses de los vecinos, avanzando en la búsqueda de soluciones viables y ajustadas a derecho", exponen desde las citadas organizaciones vecinales.
Intereses cruzados e inacción administrativa
Todo este cúmulo de infortunios ha provocado que la situación actual de las urbanizaciones se vuelva insostenible, viéndose sin suministro de agua de ninguna clase y sin respuesta desde las instituciones, por lo que es necesario encontrar una solución urgente mientras se desarrolla el Plan Especial de Infraestructuras del "Proyecto de abastecimiento a varias urbanizaciones de Colmenar de Oreja", que fue propuesto en 2023. José Luis Leao asegura a ElPlural.com que el Ayuntamiento del municipio tiene parte de responsabilidad en la situación. "Desde la Asociación les propusimos la alternativa de la conexión con el canal de Isabel ll, y en julio se aprobó una moción en Pleno para llevar a cabo, entre las juntas de compensación, las asociaciones, el Ayuntamiento y todos los grupos políticos de Colmenar, la conexión de emergencia con el canal propuesta por nosotros. Pero en agosto el Ayuntamiento emitió un comunicado diciendo que las asociaciones no representamos a nadie y que no nos reconoce como interlocutores como tal, después de lo que no se hizo nada más", lamenta el vecino, que señala que es responsabilidad de la administración local cumplir la Ley 7-1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, para prestar el suministro de agua potable a los vecinos.
Desde las asociaciones vecinales, a su vez, se propuso crear una mesa de diálogo y trabajo entre la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II, Ayuntamiento de Colmenar de oreja y los vecinos afectados, además de insistir en la posible solución del aprovechamiento de alguna de las arterias de suministro de agua potable que pasan cerca de las urbanizaciones, que son varias. "Se trataría de hacer, en el punto de cruce de las dos conducciones, una conexión con la tubería de aducción que va a los depósitos de las distintas urbanizaciones y dar servicio de agua potable del canal de Isabel II a los depósitos de cada urbanización", expuso Leao en la Asamblea de Madrid el año pasado.
