La organización liderada por Francisco Correa será examinada nuevamente en un juicio que dará comienzo el próximo martes por las presuntas actuaciones de la Gürtel en el municipio madrileña de Boadilla del Monte, donde existió una supuesta dinámica de adjudicación de contratos públicos a empresas de la trama a cambio de comisiones que han reconocido más de una decena de encausados, incluido el propio Correa.
Después de dos aplazamientos, el juicio arrancará el próximo 16 de noviembre y seguirá el miércoles y el jueves, aunque hay previstas más de treinta sesiones que se prolongarán al menos hasta finales de febrero. El PP se vuelve a sentar en el banquillo de los acusados, en esta ocasión por tercera vez, y la segunda que lo hace por beneficiarse del dinero de la corrupción.
Esta nueva pieza de la trama Gürtel presenta una característica diferente al resto de las anteriores, y ella complica el desenlace para la formación. No es otra más que doce de los acusados ha remitido sendos escritos al tribunal reconociendo los hechos presentados en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, tratando con ello obtener una rebaja en la condena. En los escritos, los empresarios y políticos reconocen los amaños en las adjudicaciones con dinero público.
1. Francisco Correa
Desde finales de 1999 y hasta el año 2009 lideró un entramado societario (Grupo Correa) y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente mediante cargo a fondos públicos, bien mediante la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para compañías de terceros - a cambio de la comisión correspondiente- o mediante el apoderamiento directo de fondos públicos. Ha sido el titular de numerosas sociedades, la mayoría, en paraísos fiscales. Tras Special Events y Pasadena Viajes se crearon otras Orange Market (ha participado en todo tipo de actos deportivos, como la Copa América de vela y en temas de la Comunidad Valenciana en Fitur), Down Town Consulting (trabajó para la CAM), TCM (ha facturado importantes cantidades para el Ayuntamiento de Majadahonda), Good and Better (se benefició de actos organizados por la Consejería de Empleo y Mujer de la CAM), Rialgrenn (fue la principal organizadora de eventos del PP en Andalucía), Booemerangdrive, Cresva y otras. El juez Garzón decretó en febrero del 2009 su ingreso en prisión como cabecilla de la trama “Gürtel”. Fue puesto en libertad en junio 2012 tras pagar una fianza de 200.000 euros.
2. Pablo Crespo
Secretario de Organización del PP gallego. Se unió al denominado Grupo Correa en 2002 para supervisar la actuación de otros acusados y gestionar las actividades fraudulentas de la organización. Actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas de la trama. Según Garzón, “lleva la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos, [...] es el consejero delegado de las empresas; recibe las ofertas de proyectos económicos, concierta las reuniones preparatorias y organiza las reuniones de otros miembros del grupo y supervisa la gestión financiera”. En definitiva, Crespo “es el responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa”. Estuvo en prisión entre febrero del 2009 y febrero 2012. Pagó una fianza de 100.000 euros. Está investigado o procesado en la causa principal y en varias piezas separadas de este caso.
3. Arturo González Panero ('El albondiguilla')
Exalcalde de Boadilla del Monte. Sobre él recaen múltiples sospechas de trato de favor a la red de Correa. Está imputado por seis delitos (cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad y fraude fiscal) y tiene impuesta una fianza, 1,8 millones de euros. El juez Pedreira imputó a Panero y su mujer, Elena Villarroya, un supuesto fraude fiscal de 365.000 euros tras descubrirse que ambos tenían una sociedad en Suiza con una cuenta en el HSBC no declarada al fisco español. En la cuenta, abierta el 28 de junio de 2005 a nombre de Longridge Internacional S.A., Villarroya aparecía como apoderada y González Panero como gestor. "La disposición de fondos sobre dicha cuenta pone de manifiesto un patrimonio a diciembre de 2005 de 627.529 dólares (unos 436.000 euros) y a diciembre de 2006 de 866.216 dólares (unos 602.000 euros), cantidades que no fueron declaradas en las auto-liquidaciones de IRPF por ambos en 2005 y 2006", señala el auto de Pedreira. En su condición de alcalde de Boadilla habría percibido fondos y regalos por importe de, al menos, 600.000 euros en contraprestación a la adjudicación de contratos públicos. González Panero, en declaraciones a EL PAÍS, llegó a acusar a Siguero de amañar los contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendrían que investigarle antes a él que a mí".
4. Alfonso García Pozuelo
Propietario de Constructora Hispánica. Figura como pagador de 4.192.000 euros a la trama entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Ha sido beneficiaria de contratos millonarios en los Ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda y Pozuelo. Durante 2007, por el procedimiento de concurso ordinario, la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid le adjudicó, a través de la empresa pública Arpegio, las obras de la pista de atletismo y un campo de fútbol en una parcela municipal de Paracuellos del Jarama, por algo más de un millón de euros. Hispánica fue la encargada de realizar las obras de la variante de la carretera comarcal M-501 a su paso por Pelayos de la Presa, por una cantidad cercana al millón de euros, contrato que le adjudicó la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Bárcenas figura en el sumario del caso Gürtel como la segunda persona más beneficiada, detrás del cabecilla de la trama, Francisco Correa, por el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos que hizo entre febrero de 2002 y julio de 2004 (cerca de cinco millones de euros) el empresario Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. En ese mismo periodo de tiempo, Bárcenas anotó en su cuaderno hasta cuatro donaciones de esta empresa al PP: dos de ellas por 30.000 euros cada una; otra por 60.000 y otra más por 24.000, en total 144.000 euros, menos del 25% de lo que supuestamente recibió el extesorero. En los 18 años de entradas y salidas de dinero que registra el cuaderno de Bárcenas, Constructora Hispánica hizo nueve donaciones de dinero, de las que cuatro se concentraron en el mismo periodo de dos años en que, según la investigación del caso Gürtel, el extesorero del PP cobró de esa empresa 600.000 euros. Bárcenas carecía de competencias para adjudicar contratos. Su relación con las obras públicas surge de un comentario que Francisco Correa hace a uno de sus colaboradores, el exconcejal del PP José Peñas, que le grabó en secreto: "Le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. Se lo he llevado a Génova y a su casa. Todo de adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Sé dónde los tiene, cómo los saca de España y el paraíso fiscal", se oye decir a Correa en esa grabación. Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento. Antes de ese momento y unos meses después de que el PP perdiera las elecciones, Constructora Hispánica también había conseguido contratos del AVE. Constructora Hispánica también recibió contratos del ente Portos de Galicia cuestionados por irregularidades por el Consello de Contas cuando Carlos Negrerira lo presidía y Alberto Núñez Feijóo era conselleiro de Política Territorial y mantuvo como vocal de aquel ente a Pablo Crespo.
5. Alfonso Bosch Tejedor
Exdiputado autonómico en la Asamblea de Madrid. Está imputado por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. Exgerente de la EMV de Boadilla. Recibió sobornos por valor de 250.000 euros para favorecer intereses de Correa. Ha sido, además, secretario de Movilización del PP con Esperanza Aguirre.
6. José Luis Ulibarri
Presidente de Begar Construcciones y Contratas, SA. Entre abril de 2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno regional que presidía Esperanza Aguirre. También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (hospital de Vallecas, SA), que recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario. Su negocio más conocido en Valencia es Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que presidía Francisco Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital de Lliria por 25 millones. Amigo personal de Correa: "Os traigo a Ulibarri y se sienta con vosotros dos; soy amigo de los dos; le he vendido mi barco a Ulibarri, en la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarlo".
7. César Tomás Martín Morales
Exvicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte. Según la UDEF, cobró al menos 378.172 euros por intervenir a favor de diversas adjudicaciones de ese Ayuntamiento. Participó en la adjudicación directa de contratos a Down Town Consulting, SL, actual Easy Concept Comunicación, SL. Asimismo, se le relaciona con la adjudicación directa de una parcela a la empresa UFC, propiedad del también imputado José Luis Ulibarri, tras la intervención de Francisco Correa, entre otras.
8. Juan Siguero Aguilar
Exalcalde de Boadilla del Monte. Está imputado por presuntos delitos de negociaciones prohibidas con funcionarios públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Un informe policial desveló que habría facilitado a la trama Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio. En este informe la UDEF asegura que Siguero "participó en el diseño de los pliegos ad-hoc para que este concurso (la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla) fuese adjudicado a una de las empresas de la organización". Siguero reconoció ante el juez Pedreira que participó en la elaboración del pliego de licitación de la oficina y que se lo envió a una empresa de la trama. En concreto, admitió que le envió una copia a José Javier Nombela, uno de los imputados en la red y, hasta 2006, asesor de un concejal de Moncloa-Aravaca. La fiscalía le preguntó si remitió esos pliegos a las otras empresas que pugnaban por esa contrata y contestó que no. A Siguero se le preguntó también sobre la adjudicación de un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes de las elecciones municipales de ese año, a una constructora madrileña. La adjudicación fue de 29,6 millones y, supuestamente, la trama recibió en comisiones 1.050.000 euros.
9. José Luís Martínez Parra
Exvicepresidenta de la constructora Tecnocasa, admite que encargaron a Correa que les consiguiera obras, a sabiendas de su relación con el PP y del “coste” que conllevaba la gestión que hacía la trama. Martínez Parra reconoce que le otorgaron obras de forma irregular, por lo que tenían que “pagar favores”. Además, Parra ha confesado el pago de 1.8 millones a la trama para obtener a cambio la adjudicación de obras públicas.
10. Alicía Vallejo López
Exjefa de Patrimonio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Imputada por la venta de un inmueble a una sociedad vinculada al ex alcalde del municipio, Arturo González Panero (PP), conocido como El Albondiguilla, con quien mantenía una relación muy cercana De hecho, según aseguró ante el juez la ex mujer de éste, Elena Villarroya, la funcionaria era su amante “al menos desde 2006”. Además, en 2008 le fue adjudicada una vivienda protegida de 250.000 euros, pese a que ya era propietaria de otro inmueble, incumpliendo así las normas municipales de adjudicación.
11. Isabel Jordán Goncet
Administradora de varias empresas de la trama y pareja del abogado de Bárcenas, Gustavo Galán. Baltasar Garzón le imputó por los delitos de cohecho, falsedad, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
12. Juan Carlos Rey Rico
Exdirector técnico de la Concejalía de Deportes de Boadilla del Monte. Imputado por un delito de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas.
