¿Cómo y por qué el presidente del PP, Pablo Casado, fue el primero en informar de la insólita resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que, desatendiendo los razonamientos de la Junta Electoral de Barcelona (JEB) y dando la razón a las demandas presentadas por el PP y C’s, ha procedido a inhabilitar de forma inmediata a Quim Torra como diputado en el Parlament de Cataluña, y por ello también como presidente de la Generalitat?
Algo huele a podrido. Y no precisamente en Dinamarca sino en la mismísima JEC. Partido casi en dos mitades idénticas, con siete votos contra seis, este órgano administrativo, que no judicial, ha emitido una resolución que sin duda será recurrida ante el Tribunal Supremo (TS), que muy probablemente validará la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por la que Quim Torra puede quedar finalmente inhabilitado durante un año y medio para el ejercicio de cualquier cargo público. ¿A qué ha venido tanta urgencia, tanta prisa, en la toma de esta decisión insólita de la JEC, tomada con extraña prontitud y a instancias del PP y C’s, a pocas horas del inicio de las sesiones del pleno del Congreso de Diputados que deben debatir y votar la investidura como presidente del Gobierno de España del candidato presentado por el jefe del Estado, el rey Felipe VI, que no es otro que el secretario general del PSOE, claro vencedor de las dos últimas elecciones generales?
La JEC se ha comportado como un elefante en una cacharrería. Por suerte no parece que su decisión, tan cuestionable y criticable desde un punto de vista estrictamente jurídico por su presunta inmediatez, vaya a suponer ningún cambio en la finalmente ya cercana investidura presidencial. Los acuerdos que PSOE y PSC han alcanzado con ERC se mantienen inalterables, a pesar del duro impacto causado por esta resolución de la JEC entre todo el movimiento separatista catalán. Una vez más, PP y C’s han contribuido a reforzar las tesis más victimistas del secesionismo. No obstante, el principio de acuerdo logrado entre los socialistas y ERC se mantiene incólume. Como ocurre también con los restantes apoyos activos o pasivos conseguidos por el PSOE para que Pedro Sánchez se convierta finalmente en presidente del primer Gobierno de España de coalición, y encima de una coalición progresista y de izquierdas y que cuenta con los apoyos muy diversos de todo tipo de formaciones políticas, sobre todo nacionalistas y regionalistas.
Pablo Casado está obligado a explicar cómo y porqué ha sido él, y no ningún representante o portavoz cualificado u oficial de la JEC, la primera persona que ha dado a conocer públicamente esta insólita resolución de este órgano administrativo. De no hacerlo de forma clara y convincente, tanto el propio Pablo Casado como la JEC -y esto es lo más importante y trascendente, sin duda alguna- quedarán muy cuestionados. Cuestionados no tan solo en España sino también en Europa, en concreto ante los tribunales de justicia de la Unión Europea (UE), que al fin y al cabo son, para todos los ciudadanos españoles, por nuestra condición de ciudadanos europeos, nuestras últimas, superiores e inapelables instancias judiciales.
Más allá de la serena y sensata decisión de ERC de mantener su apoyo pasivo a la investidura presidencial de Pedro Sánchez, si en los otros dos partidos separatistas catalanes con representación en el Congreso de Diputados -JxCat y las CUP- quedase al menos un mínimo de inteligencia política, ahora sería el momento de dar una lección a PP y C’s, facilitando también con la abstención de sus diputados la investidura del candidato socialista.
