La judicialización de la política en Castilla-La Mancha llevada a cabo en la legislatura en la que María Dolores de Cospedal presidió esta comunidad (2011-2015), sumado a la minuta de los abogados y procuradores por las 50 querellas presentadas por el Gobierno presidido por la también secretaria general del PP y desestimadas por los jueces, deja en la región un reguero millonario con desorbitados gastos e indemnizaciones, que ahora la sociedad castellano-manchega se pregunta quién debe pagar esta elevada factura, fruto del desproporcionado uso de la vía judicial, o del borrado de la herencia socialista que la hoy ministra de Defensa aplicó con mano de hierro nada más entrar en el Palacio de Fuensalida, sede toledana del Ejecutivo manchego.

180 millones en indemnizaciones

Hoy sabemos, según el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, la paralización que hizo Cospedal de las obras en los hospitales de Albacete y Cuenca, así como la de la autovía entre dichas ciudades, “nos ha costado a todos los castellano-manchegos 25 millones de euros en indemnizaciones”. Gutiérrez dijo esperar que “las enmiendas que presente el PP a los presupuestos de 2018 incluyan esos 25 millones”. Los “populares” han presentado enmiendas, sí, pero para exigir millonarios recortes en perjuicio de la sanidad, la educación o de los más débiles, como así han puesto de manifiesto los socialistas.

Pero si le añadimos los gastos propios de la interrupción de otras obras de calado, como es el hospital de referencia de Toledo, con la estructura acabada y paralizada durante los 4 años de Gobierno del PP, además de otras ejecuciones fallidas en Ciudad Real y Guadalajara, entonces, la factura engorda sensiblemente, según la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, que sólo en “indemnizaciones de la gestión de Cospedal en Fomento llega a los 180 millones de euros”, por lo que les pide explicaciones “por su penosa legislatura que ahora tenemos que pagar todos los ciudadanos”, señala.

EQUO retrató a Cospedal

Cómo sería la utilización de la Administración y de los dineros públicos, que Juan López de Uralde, portavoz federal de EQUO en 2013, exigió a Cospedal que pagara de su bolsillo la querella (y más tarde retirada) presentada contra Greenpeace por presunta vulneración de su derecho al honor. “Es una concepción muy poco democrática de lo que son las Instituciones. Si Cospedal quiere interponer una demanda está en su derecho pero que lo haga a título individual y asuma los costes que esto conlleva como cualquier ciudadano”, dijo Uralde. El origen de la demanda vino en la publicación por parte de los ecologistas del informe en el que se revelaba un posible conflicto de intereses de algunas personas del entorno del PP y en el proyecto de reforma de la Ley de Costas presentado en el Congreso de los Diputados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre las personas con intereses en empresas inmobiliarias mencionadas en el informe de los ecologistas, se encontraba Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal.

Cospedal reclama a Bárcenas 17.461,39€

Eso sí, cuando se trata de pagar a los abogados (está por ver si es ella o el partido quien contrata a los letrados) que la defendieron frente al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en los juzgados de Toledo y finalmente en el Tribunal Supremo, la ministra de Defensa se da mucha prisa e insta a la Justicia a hacer todo lo que esté en su mano para que su otrora compañero en el Senado abone a sus abogados y procuradores un total de 17.461,38 euros. Y es que Bárcenas asegura no tener un duro, de ahí que Cospedal inste al Juzgado Central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional a que autorice el desbloqueo parcial de sus cuentas suizas para abonar la minuta de los juristas, que en el caso de la Audiencia Provincial de Toledo ascienden a 15.624,74 euros, mientras que el recurso ante el Supremo alcanza los 1.836,65 euros.

Abogados de alto standing

Minuta que pone de relieve el alto standing de los letrados que contrata María Dolores de Cospedal para su defensa y la de los suyos. En este sentido, todavía no ha sido aclarado quién paga la minuta de José Ángel Cañas, gerente del PP en Castilla-La Mancha e imputado por la supuesta mordida de los 200.000 euros que Sacyr habría abonado al PP manchego para financiar la campaña electoral de Cospedal en 2007, según declaración de Bárcenas en sede judicial. Cañas está representado nada más y nada menos que por Baker & Mckenzie, el bufete más caro del mundo que sólo el año pasado facturó en torno a 3.000 millones de dólares, con unos beneficios netos que aumentaron un 14%, hasta 904 millones de dólares. De ahí que los socialistas se pregunten “si es el PP de Castilla-La Mancha, o el PP nacional, quien está pagando la minuta”, porque el sueldo de gerente de Cañas no da para abonar la factura de estos abogados, y mucho menos la de un jubilado, como es el caso del exvicealcalde de Toledo, Lamberto García Pinera, también imputado por la misma causa y representado igualmente por Baker & Mckenzie.