El secretario general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez Ponga, destacado histórico líder del Partido Popular, se sienta este jueves en el banquillo acusado de un presunto delito de denuncia falsa. Junto a él, comparecerá en el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, como querellado el Vicesecretario del Instituto, Miguel Spottorno.
Los hechos de la querella se remontan a 2013 cuando el 'número 2' del Instituto Cervantes despidió a un directivo y un administrador basándose en una supuesta acusación falsa de prevaricación y falsedad documental.
Según fuentes del Instituto Cervantes, el despido fue parte de una maniobra de los nuevos directivos que llegaron al Cervantes tras la llegada de Rajoy a la Moncloa en 2012, para eliminar trabajadores que no consideraban fieles al PP. Según las mismas fuentes, dentro del Cervantes se inició una caza de brujas buscando irregularidades con la implantación de un buzón de denuncias anónimas.
Rafael Rodríguez Ponga llegó al Cervantes en 2012 directamente desde el Congreso, donde era diputado del PP desde 2011. Desde mayo de 2004 trabajaba en la oficina central del PP como miembro del Comité ejecutivo nacional hasta que, en noviembre de 2011, resultó elegido diputado por Cáceres, escaño que abandonó para ocupar el puesto de Secretario General del Cervantes, poco tiempo después de la victoria electoral de los populares.
Según la querella interpuesta, uno de los chivos expiatorio resultó ser el que era director del Cervantes en Grecia que fue denunciado, junto a su Administrador, por la cúpula directiva del Cervantes y obligados a demostrar su inocencia en un proceso penal. Tanto la Audiencia Nacional, como el Tribunal Supremo han rechazado las acusaciones de prevaricación y falsedad documental. Fueron declarados inocentes, pero se quedaron sin trabajo al ser despedidos del Cervantes.
En la querella que ahora se tramita y por la que este jueves tendrán que declarar Rodríguez Ponga y Spottorno, se someterá la cuestión de la comisión de un presunto delito por acusación falsa. Aunque como dicen los propios querellantes, el daño en su honor de estos resulta irreparable tras tres años de padecimiento en procesos judiciales sin causa real.
