El titular del juzgado de Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz, ha desestimado las alegaciones presentadas por el exalcalde del PP de Toledo, José Manuel Molina, investigado junto a otros dirigentes conservadores por la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sufi entregó al partido de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para financiar la campaña electoral de ésta en 2007 a cambio de la concesión del servicio de recogida de basura de la capital castellano-manchega, siempre según declaraciones en sede judicial del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. En una providencia, a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el magistrado mantiene por lo tanto la declaración de  Molina como investigado para el próximo 22 de febrero de 2017.

Un nuevo testigo para la causa

Providencia en la que el juez Rodríguez aprovecha su publicación para llamar el mismo día a Balduino Martín Forero Calvo, presidente del comité de empresa de la mercantil Sufi que firmó el protocolo mediante el cual el equipo de gobierno del Ayuntamiento del PP se comprometía a sufragar un sobrecoste de 11 millones de euros en el servicio de limpieza. No cabe duda de que este nuevo testigo, a los que el juez viene llamando con cuentagotas desde hace un año aproximadamente, arrojará nuevas luces al caso, en el que el representante legal de José Manuel Molina viene manteniendo lo que el exalcalde del PP dijo en su día ante el exjuez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. El hoy canciller de la embajada española en la República Democrática del Congo calificó de “injurias y calumnias”, todo lo dicho contra él en el proceso, asegurando haber aportado a la AN “pruebas de mi inocencia absoluta”, concretó. En este sentido, círculos próximos al exalcalde aseguran a este periódico que “Jose Manuel está muy afectado por este asunto y está dispuesto a defender su honor allá donde sea necesario y contra quien ponga en duda su honorabilidad”.

El juez le preguntará por los viales

Sin embargo, Molina deberá hacer un verdadero ejercicio de credibilidad para justificar, por ejemplo, un segundo contrato millonario con la empresa Sufi dos meses antes de la elecciones municipales de 2007 para el mantenimiento de viales por un importe de 1,4 millones de euros. Y es que la resolución del concurso sorprendió a todos al ser Sufi la concesionaria a pesar de que su propuesta era la más cara de todas las presentadas (ver documento). Como se puede observar, la empresa Licuas ofreció el mismo servicio por 589.400 euros, y otras cuatro compañías coincidieron curiosamente en presentar un presupuesto idéntico de 595.000 euros, un 15% inferior a la oferta de Sufi S.A.  Según este acuerdo firmado por el vicealcalde, Lamberto García Pineda, investigado en la causa, Sufi recibía 700.000 euros por dos años de prestación de servicio prorrogables por otros dos, 1.400.000 euros en total. Como no podía ser de otra forma, el sucesor de Molina y actual presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, decidió no renovar el contrato con la empresa por considerarlo, sino ilegal, sí, al menos, un tanto estrambótico porque era la primera vez que el Ayuntamiento sacaba a concurso este  servicio.

Vuelve la estrategia contra Page

Y es en la figura de García-Page donde los abogados de Lamberto García Pineda, José Ángel Cañas y José Manuel Molina, además de los nuevos investigados, todos ellos miembros de la Junta de Gobierno de marzo de 2007 que dio luz verde a la concesión del servicio de recogida de basuras, centrarán sus nuevas, aunque ya repetidas estrategias. Según ha podido saber esta redacción de fuentes cercanas al caso, el abogado de los dos primeros imputados sostiene al día de hoy que fue la administración socialista la que dio luz verde definitiva al contrato de concesión de recogida de basuras. De esta forma, “podemos concluir que las actuaciones irregulares en el procedimiento para la modificación del precio del contrato han tenido lugar a partir de la formalización del acuerdo de noviembre de 2007 y siguiente, que han pretendido modificar el precio del contrato omitiendo el procedimiento legalmente establecido para la modificación de los contratos tras su adjudicación”. Abogados y imputados del PP lo tienenclaro: el PSOE y Emiliano García-Page son los únicos responsables de este desaguisado, que ha supuesto un sobrecoste para los toledanos de 11 millones de euros a lo largo de la concesión.