10 días para presentar escrito de disconformidad
Las defensas deben formular en el plazo de diez días escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas y el juez establece que contra este auto no se da recurso alguno, "excepto a lo relativo a la situación personal de los acusados, en que cabe recurso de reforma" en un plazo de tres días, informa Europa Press.
Delitos castigados con privación de libertad
Fundamenta la apertura del juicio oral con hechos que pueden ser constitutivos de "varios delitos castigados con penas privativas de libertad no superiores a nueve años de prisión o bien con cualquiera otras penas de distinta naturales, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración, y por tanto, de los comprendidos en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Fabra y su exmujer ocultaron sus ingresos
El juez señala que Fabra y su exmujer, en los ejercicios fiscales correspondientes al periodo comprendido entre los años 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a Hacienda, que no se correspondían ni con el patrimonio ni la renta que declararon.
Más de un millón de euros
En el caso de Fabra, en el escrito se indica que en ese periodo no declaró 693.074 euros (231.155 en 1999; 124.078,13 en 2000; 174.836,69 en 2002 y 163.003,99 euros en 2003. En relación a su exmujer, apunta que no declaró en tres años un total de 428.644 euros, de los que 154.237,10 corresponden a 1999; 128.510,87 a 2000 y 145.896,61 a 2003.
El dueño de Naranjax
El juez relata en su escrito que en 1999, Vicente Vilar, administrador único de la empresa Naranjax, ubicada en Artana (Castellón) y dedicada a la fabricación de productos fitosanitarios, contactó con Fabra por intermediación de su entonces esposa, amiga de la exmujer del político popular para que intermediara por él para conseguir autorizaciones administrativas de los ministerios de Agricultura y Sanidad.
Fabra intermedió por él ante el ministerio de Agricultura
Fabra accedió y el 12 de julio de 1999 asistió a una reunión en el Ministerio de Agricultura, entre su titular en esa materia, Jesús Posadas, y el ex secretario de Estado de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa, para informarse sobre el estado administrativo de los productos de Naranjax. No tardó mucho en ver resultados, y en octubre se autorizó uno de ellos. Fabra habría pedido al empresario el pago de 150.000 euros como pago a su gestión.
Fabra entró en el negocio de Vilar
Posteriormente, el dirigente popular propuso a Vilar entrar en su negocio con la constitución de una empresa que fuese la titular de los registros que Naranjax fuera obteniendo, y de la que serían socias sus esposas. El 3 de diciembre de 1999, las dos mujeres compraron al 50 por ciento una empresa carente de actividad, Artemis 2.000 S.L, que era una "mera titular" de los productos que obtenía Naranjax, según el auto del juez.
Siguió intermediando ante Presidencia y Sanidad
El expresidente de la Diputación de Castellón continuó la labor de mediación a favor de estas empresas ante autoridades y funcionarios públicos de la administración para agilizar la concesión de licencias, y hace constar que se llegó a reunir con el entonces director del Gabinete de Presidencia, Tiberman, y la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos.
La empresa que fundó con sus hijos
El 28 de abril de 2000, Carlos Fabra constituyó la mercantil Carmacas S.L., junto con sus hijos, y "en concepto de pago por unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregado", facturó en julio de ese año a Arcavi 34.800 euros; 72.121 euros en dos ocasiones a Artemis y 20.724 y 54.000 euros a Naranjax. En ese momento, ni Arcavi ni Artemis tenían trabajadores.
