Los primeros minutos de la campaña electoral de las elecciones generales del 28 de abril han tenido un efecto devastador, como diría el fiscal, en la valoración partidista de lo sucedido en Cataluña en los últimos meses. El balance del gobierno de la Generalitat y el del principal partido de la oposición, Ciudadanos, representan los dos polos más alejados. Para unos, el PSOE ya vuelve a ser uno de los del 155 y para los otros, ha quedado fuera del constitucionalismo. Socialistas y Comunes se lamentan de la caída del gobierno Sánchez y advierten al independentismo del error cometido, coincidiendo que no hay más camino que el del diálogo.
La brillante intervención política de Oriol Junqueras ante el Tribunal Supremo (defendiéndose de lo que nadie le acusa y rehuyendo defenderse de las graves acusaciones penales que pesan sobre él y el resto de procesados) ha devuelto el optimismo al universo independentista, muy necesitado de buenas noticias y muestras de liderazgo, dada la indiscutible levedad política e institucional del gobierno Torra. La convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez, por otra parte, le permite atrincherarse de nuevo en sus posiciones tradicionales, según las cuales, todos los partidos españoles son igualmente nefastos para Cataluña.
La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, una de las protagonistas del diálogo frustrado con la vicepresidenta Carmen Calvo, afirmó que “el PSOE vuelve a estar alineado con el tripartito del 155” por haber suspendido el diálogo y como consecuencia de ello, haberse condenado a perder los presupuestos. Un rato antes, Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, lo veía totalmente al revés en una entrevista en TV3. “El PSOE”, decía, “ha salido del pacto constitucionalista del 155 por haber cedido desde el minuto uno ante los separatistas”.
Las razones de tal cesión (“oxígeno al separatismo”) son en opinión de Arrimadas: haber levantado el control de las cuentas de la Generalitat impuesto por el PP, permitir la reapertura de las embajadas catalanas, haber cambiado el criterio de la Abogacía del Estado al rebajar la acusación a los dirigentes independentistas de rebelión a sedición, haber aceptado la figura del relator en la mesa de partidos, lo que para ella es un ataque frontal al Parlament.
Se le olvidó seguramente a la líder de la oposición catalana, que en este apartado coincide plenamente con Pablo Casado, citar la recuperación de las reuniones de las comisiones mixtas Estado-Generalitat previstas en el Estatuto, el acercamiento de los encarcelados a prisiones catalanas y la retirada de los recursos sobre las leyes sociales del Parlament que el PP paralizó en el Tribunal Constitucional. Artadi, que también conoce esta relación, lo consideró política estética del PSOE porque para ella todo lo que no sea aceptar la vía de la autodeterminación no merece otra consideración que la de “falta de coraje”.
La felicidad exhibida por PP y Ciudadanos por la disolución de la legislatura contrasta con la calificación de “irresponsabilidad” lanzada por la Generalitat y los partidos independentistas en público. Para contrarrestar las acusaciones de PSC y Comunes a PdeCat y ERC por haber antepuesto los intereses partidistas a los del país con la negativa a permitir las tramitación de unos presupuestos valorados como positivos para Cataluña, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, anunció su intención de presentar ante el Parlament los presupuestos de la Generalitat.
Las cuentas del gobierno Torra difícilmente van a ser aprobadas por la cámara al no contar con votos suficientes; sin embargo, la maniobra le servirá para poder recriminar a socialistas y comunes su falta de compromiso con las políticas sociales, esto en el mejor de los casos; en el peor, serán utilizadas para denunciar un simple ánimo de revancha política por haber permitido la caída del gobierno Sánchez.
Las elecciones al Congreso son una nueva preocupación para la tripleta PDeCat-JxCat-Crida cuando todavía tienen por resolver las candidaturas para las municipales y europeas y la propia articulación orgánica entre ellos, aunque todo apunta ahora, a una reedición en formato independentista de la vieja CiU, Convergència i Unió, sin poderse aventurar quien hará las veces de CDC y quien las de Unió Democrática. La complicada relación de Carles Puigdemont con su partido de origen, la debilidad de la dirección del PDeCat, la división interna del actual grupo en el Congreso (mantenida hasta el último suspiro de la legislatura), las pésimas perspectivas ofrecidas hasta ahora por los sondeos y la urgencia de resolver el programa y las listas anuncian una nueva tanda de episodios nacionales.
