Miles de trabajadores y usuarios de la sanidad pública convirtieron de nuevo el centro de Madrid en una marea de "batas blancas", como forma de protesta por los planes del gobierno regional. EFE Miles de trabajadores y usuarios de la sanidad pública convirtieron de nuevo el centro de Madrid en una marea de "batas blancas", como forma de protesta por los planes del gobierno regional / EFE-Archivo



La sanidad pública madrileña ha sido puesta en la picota por el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid con su controvertido proyecto de 'externalización' que ha puesto en pie de guerra a los profesionales del sector. Pero este miércoles era un día especial en la capital madrileña y todos los argumentos a mano valían para impresionar al Comité Olímpico Internacional que evalúa la candidatura Madrid 2020. En ese contexto, el equipo de la alcaldesa Ana Botella no ha tenido ningún inconveniente en sacar pecho de la calidad de la sanidad pública de la capital.

"Máxima calidad de la asistencia sanitaria"
La viceconsejera madrileña de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras, Belén Prado -dependiente de Javier Fernández-Lasquetty- ha expuesto ante la Comisión de Evaluación del COI que Madrid cuenta con cinco hospitales públicos, con un total de 2.386 camas, a una distancia de entre 10 y 20 minutos de donde estaría la Villa Olímpica. Si Madrid obtiene la sede de los Juegos Olímpicos de 2020, no sería necesaria "ninguna inversión adicional para garantizar la máxima calidad de la asistencia sanitaria" durante la cita deportiva, ha presumido la viceconsejera. "La familia olímpica contará con asistencia médica integral y gratuita durante los Juegos y todos los centros e instalaciones de salud pública de la Comunidad de Madrid estarán a su disposición, así como la de los espectadores", ha insistido Prado.

Los médicos acuden a la Defensora del Pueblo
Las conversaciones con el COI son confidenciales, pero parece poco probable que la viceconsejera les haya alertado de las sombras que se ciernen sobre el futuro de los hospitales públicos madrileños por la acción de su propio gobierno y del conflicto con los facultativas que defienden el modelo que ha estado vigente hasta ahor. Mientras se agasajaba al COI, los médicos agrupados en Afem -Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid- acudían a la Defensora del Pueblo para entregarle un informe sobre la inconstitucionalidad de la privatización de seis hospitales contenida en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

"Hechos demostrados" frenta al plan inconcreto de la consejería
La portavoz de la asociación, Fátima Brañas, el informe es "el resultado de un trabajo multidisciplinar realizado por un equipo técnico de AFEM y el bufete de abogados López Rodó y Cruz Ferrer, que ha valorado aspectos sanitarios, económicos y jurídicos" de ley de Medidas Fiscales de 28 de diciembre. "Una vez más, hacemos una demostración del modo de trabajar de los médicos. Somos científicos y, lo que hacemos, lo basamos en la evidencia y en hechos demostrados, no así la Consejería de Sanidad, que todavía no ha presentado ningún dato que avale su plan de ahorro", ha explicado Brañas.

La privatización "vulnera normas constitucionales básicas"
Con esta iniciativa AFEM quiere "aportar a la opinión pública, a las instituciones y a los grupos políticos datos contrastados y elementos de juicio para que puedan presentar un recurso inconstitucionalidad" contra la citada norma. La asociación advierte de que la ley del Gobierno regional "vulnera las normas constitucionales básicas sobre la seguridad social y la sanidad pública". El informe alerta asimismo de que el plan "privatizador" crea "un modelo de 'apartheid sanitario' que discrimina a los pacientes por zonas" y que el Gobierno regional "tampoco dispone de los mecanismos de control para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria en los hospitales privatizados".

Más de 1,3 millones de firmas
Pero las movilizaciones de defensa de la sanidad pública han ido más allá. Unos doscientos trabajadores de varios hospitales se han concentrado hoy ante la Consejería de Sanidad para entregar una nueva remesa de 413.000 firmas contra las privatizaciones que, sumadas a las 911.000 entregadas en noviembre pasado, "suponen un total de 1.324.000 firmas", según la plataforma P.A.T.U.Salud. Con la entrega de las últimas rúbricas recogidas hasta ayer mismo en todos los hospitales públicos de la región, además de centros de salud, se ha dado por finalizado el encierro de trabajadores que empezó ayer en el Hospital Doce de Octubre.