La Fiscalía italiana ha puesto fin a la situación de desprotección límite de los migrantes a bordo del buque humanitario Open Arms que llevaban a la deriva a la espera de un puerto seguro en el que atracar 19 días. Tanto Italia como España no han facilitado, salvo a última hora, las labores de rescate de la ONG, amenazando con imponer multas a los de Óscar Camps tal y adelantó Eldiario.es.

En una carta del director de la Marina Mercante al capitán de la ONG catalana se desprende la amenaza realizada por el Ministerio de Fomento en relación a la grave crisis que se ha vivido en las últimas fechas. La misiva es clara: si se rescatan vidas podrían enfrentarse a sanciones de hasta 901.000 euros.

No ha sido el único aviso, pero su valor reside en la firma de Benito Núñez Quintanilla, máximo representante de la Marina Mercante. La propia Carmen Calvo ha vuelto a incidir en la misma premisa este miércoles ante los micros de Cadena Ser: “Nuestro país es un estado de derecho y las instituciones, poderes públicos y ciudadanos estamos sometidos a las leyes, nadie está a salvo de esto, incluido un barco”.

“Tiene una autorización para ayuda humanitaria y esas son las condiciones en las que puede salir y puede operar; se lo recordó el ministro y en nuestro país todos sabemos lo que se puede hacer y lo que no”, explicaba la número dos del Ejecutivo.

La misiva incide en la idea de que "no se podrán realizar operaciones de búsqueda y salvamento, en tanto no se cuente con la conformidad de la autoridad responsable de la región de búsqueda y salvamento (zona SAR) donde se navegue, y siempre bajo la coordinación de dicha autoridad".

La advertencia no fue bien recibida por Ricardo Gatti, jefe de la misión, que alegó no haber recibido nunca una queja de su propio Gobierno con un tono tan duro y coercitivo: "He visto despachos restrictivos, que me recordaban las limitaciones del buque, de sus certificados... pero textos así, redactados por mi propia administración y con ese tono, nunca".