El pasado mes de mayo el ministerio de Economía se encontró con un reguero de preguntas todas con el mismo fondo. Le llegaban desde las entidades bancarias. Pero también de sus propios funcionarios, los señores inspectores de Hacienda. El Gobierno había aprobado el 30 de marzo anterior la llamada ‘amnistía fiscal’, y tanto inspectores como entidades financieras se hacían una pregunta lógica: “¿Qué hacemos si tenemos la sospecha de que el dinero que se quiere ‘amnistiar’ proviene de alguna actividad delictiva?”.

¿Qué hacer cuando llegue dinero de procedencia sospechosa?
El Secretario General del Tesoro y Política Financiera, Iñigo Fernández de Mesa Vargas, bien motu propio, bien porque se lo pidieron, saltó entonces a la arena y produjo una carta de la que en su momento le informamos en exclusiva en ELPLURAL.COM, y que ante el estallido del escándalo Bárcenas conviene recordar.

En los primeros párrafos de su carta, el Secretario general establecía las modificaciones que planteaba el Real Decreto-ley del señor Montoro, pero luego entraba en el meollo de la contestación a la pregunta que se le planteaba desde la Agencia Tributaria y desde las entidades bancarias, y que resumíamos así: ¿Qué hacer cuando el dinero que llegue para ser blanqueado no venga del colchón o el calcetín de alguien que ha vendido un piso y hubiera cobrado una parte en negro, por ejemplo, sino que pueda parecer que tiene un origen directamente delictivo?

El dinero blanqueado es delictivo…, así es que ‘mirar para otro lado’
Ante esta pregunta, lo contábamos entonces, la respuesta que ofrecía el Secretario General del Tesoro parecía inequívoca: “En este contexto, resulta importante subrayar –se lee- que el artículo 1 de la Ley 10/2010 exige que los bienes objeto de blanqueo de capitales procedan de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. En consecuencia, al igual que ocurre con las operaciones financieras vinculadas a otras regularizaciones tributarias, no resultará preceptiva ninguna comunicación cuando respondan únicamente a eventuales infracciones tributarias que deban reputarse regularizadas de conformidad con la disposición adicional”.

Traducido, lo que venía a decir en esta circular el Gobierno a través de su Secretario General del Tesoro era que ya se daba por supuesto que el dinero a blanquear tenía que provenir de “actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva”, era absurdo escandalizarse y ponerse a mirar, por lo que “no resultará preceptiva ninguna comunicación”. Antes de esta decisión, explicamos, inspectores y bancarios tenían que informar a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales cuando tenían indicios de operaciones de blanqueo y movimientos irregulares en cuentas.

El FMI y la UE se declararon contrarios a la amnistía fiscal
El diputado socialista Pedro Saura, con el que entonces contactamos, consideró que “es una indecencia y una injusticia” que el Gobierno “ponga a los pies de los defraudadores” al propio Estado y sus instituciones y nos recordó otro dato que resulta igualmente reseñable a la luz del caso Bárcenas y la falta de transparencia con que se actúa desde el Gobierno y la mayoría en el Congreso no permitiendo la comparecencia del Presidente para explicar lo sucedido, y es que el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea se declararon públicamente contrarias a la ‘amnistía fiscal’, por una lado porque no iba a permitir recuperar una cantidad de dinero significativa –el Gobierno habla de 1.200 millones de euros, pero los inspectores de Hacienda reducen esa cifra considerablemente-, sino que además colocaban a España en lo que Saura calificón de “situación vergonzante” en el entorno político internacional.