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El Gobierno ha tramitado este viernes en el Consejo de Ministros aumentar los supuestos en los que se aplicaría la prisión permanente revisable en pleno de bate sobre su derogación en el Congreso.
Así, a los ocho existentes en la actualidad, el Gobierno pretende sumar el intentar ocultar el cadáver de una persona asesinada o no colaborar en su hallazgo, a los violadores reincidentes o que actúen contra un menor tras privarle de libertad o torturarle, y los autores de atentados en infraestructuras clave como pueden ser vías de tren o aeropuertos.
Este último supuesto se ha añadido a última hora y no fue uno de los anunciados por el PP en su convención en Córdoba el fin de semana pasado.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy justifica este endurecimiento de las penas asegurando que su principal aval “es el apoyo de los españoles” a una figura penal que cuenta con un apoyo del “entre el 70 y 80%” de la población, en un momento en que la oposición pretende derogar una medida que existe en toda Europa.
“Es razonable que, en nuestro código penal, para los delitos más graves y execrables, exista una pena como la de la prisión permanente revisable”, ha argumentado el ministro de Justicia, Rafael Catalá durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, insistiendo en que “no ha sido el Gobierno quien ha puesto la prisión permanente revisable en la mesa de debate sino los grupos que pretenden su derogación directa sin matices”.
Catalá y el propio Rajoy ya defendieron hace unos días que la prisión permanente revisable es una pena proporcionada a la gravedad de los crímenes que castiga, rechazando que se tratase de una cadena perpetua.
“Se trata de responder a una justa demanda social de más seguridad ante los peores criminales”, precisó, recordando además que está en vigor en otros países como Francia (donde la impulsó el socialista François Mitterrand), y cuando se aprobó en España en 2015 contó con los avales del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial.
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