El actual embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo, recibió durante su etapa como diputado nacional pagos sin justificación a través de su despacho jurídico por asesorar a la constructora Construcción y Obras Llorente (Grupo Collosa), beneficiada con la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León, según adelanta.
Fuentes jurídicas han confirmado a La Voz de Galicia que la Fiscalía Anticorrupción investiga al exministro de Defensa con Aznar y expresidente del Congreso de los Diputados por los cobros al Grupo Collosa, actualmente denominada Corporación Llorente, en el marco de la investigación de la llamada trama eólica, por el cobro de comisiones sin justificación por supuestos servicios de asesoramiento para la construcción de parques de energías renovables en Castilla y León.
Preocupación en Génova
La investigación también afecta al exdiputado del PP Vicente Martínez-Pujalte y la exsenadora, también del PP, Ana María Tormé.
El caso de la trama eólica parte de un informe de Hacienda sobre el pago de unos 110 millones de euros por adjudicaciones irregulares que afectan a cargos de la Junta de Castilla y León, políticos, asesores y empresarios que se habrían beneficiado de 241 parques eólicos en esa comunidad en los últimos diez años.
Federico Trillo y Martínez Pujalte se habrían personado con sus respectivos abogados ya en el caso, que, según el citado diario, mantiene en vilo a la dirección nacional del Partido Popular.
Trillo admitió las adjudicaciones
El actual embajador en Londres admitió los contratos de su empresa, Estudio Jurídico LABOR (figura a nombre de sus tres hijos) con el Grupo Collosa, aunque defendió en un comunicado, difundido hace casi un año, que cumplió con todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales. La firma habría recibido 354.560 euros de 2006 a 2008.
Trillo, además, aseguró que informó al Congreso de los Diputados de ese asesoramiento a Collosa en su declaración de bienes. Según aclaró, asesoró a la constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa, sus estrategias de mercado fuera del ámbito de Castilla León, tanto en España como en mercados extranjeros, así como en el estudio jurídico de la mejor estructura como empresa familiar.
Sin embargo, Hacieda pudo recabar en su investigación las facturas del despacho del embajador, pero no informes que acrediten la realización de los servicios de Estudio Jurídico LABOR.
