Jueces que casi llegan a las manos
La última reunión del CGPJ, celebrada el pasado miércoles, se convirtió en un ring de lucha libre cuando saltó el tema de la sucesión del ‘forzado a dimitir’ Carlos Dívar. Tanta tensión hubo, aseguran a ELPLURAL.COM, que dos jueces –los dos, por cierto, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- estuvieron a un tris de llegar a las manos.
En otro ‘combate’, mientras, Margarita Robles se esforzaba por colocar contra las cuerdas al presidente en funciones, Fernando de Rosa, al que quería forzar la convocatoria de un pleno donde se elija al sustituto de Dívar. Y esto porque Robles, miembro de la progresista Jueces para la Democracia, está empujando con toda la celeridad que puede la candidatura de ¡un magistrado conservador!, José Ramón Ferrándiz, afiliado a la APM.
Al menos 4 grupos en el CGPJ
La presión que ejerció Robles sobre de Rosa fue tal que el presidente en funciones, según nos han confirmado, tuvo que ser ingresado en un hospital. De Rosa, nos dicen, pretendía evitar convocar el Pleno hasta que no hubiera un candidato con el consenso suficiente para ser elegido, es decir, que contara con al menos 12 apoyos. Un candidato así no aparece en el horizonte. Robles quiere acelerar, por contra, todo el proceso y forzar esos consensos.
Intentemos poner orden. Fuentes del CGPJ explican a este periódico que la situación es la siguiente. En el órgano rector de los jueces se mueven ahora, al menos, 4 grupos. Y, como van a ver, en la formación de estos grupos nada tiene que ver la ideología. Por un lado está el grupo que dirige Margarita Robles, progresista que, como les decimos, impulsa a Ferrándiz, consevador.., pero con el que mantiene una muy buena relación personal desde que ambos trabajaron en Cataluña. El grupo de Robles, sin embargo, apenas contaría con el respaldo de 4 magistrados más.
La división ideológica se ha borrado
El resto de magistrados progresistas asociados a Jueces por la Democracia, liderados de alguna forma por la actual portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, se opone radicalmente al nombramiento de Ferrándiz, si bien no tienen candidato que oponer. El distanciamiento entre Robles y Bravo, aunque son de la misma familia ideológica, es total. Según se dice en los pasillos del CGPJ, otros partidarios del nombramiento de Ferrándiz habrían intentado ‘tentar’ a Bravo prometiéndole mantenerla como portavoz del Consejo, algo que ella habría rechazado de pleno.
Pero la división entre los ‘conservadores’ no es menor. Aunque Ferrándiz es un hombre de sus filas, el hecho de que le apoye Margarita Robles le convierte en un ‘apestado’ a sus ojos, porque temen que fuera la magistrada del Tribunal Supremo la que moviera los hilos tras él. Tampoco entre las filas de los magistrados conservadores surge un candidato claro.
El Gobierno se acerca a las tesis del PSOE para cambiar la forma de elección
Y después está el magistrado Manuel Torres Vela, de la moderada Asociación Francisco de Vitoria. A este grupo pertenece un candidato que, según dicen a ELPLURAL.COM, podría ser una vía de salida, el exfiscal general Carlos Granados, que pescaría votos de las dos ramas, pero que está lejos de lograr la necesaria mayoría. El CGPJ está formado por 20 miembros, 9 conservadores, 9 progresistas, y los dos llamados nacionalistas, el catalán Ramón Camps, cercano a Robles, y la vasca Margarita Uría, cercana al PNV pero que llegó con el respaldo del PSOE, y que se mantiene ‘neutral’.
El mandato de este CGPJ debiera concluir en 14 meses; lo que parece claro es que el que el órgano que sustituya al actual no será elegido con las mismas reglas. Todo indica que Alberto Ruiz Gallardón ha entendido que el caos debe evitarse. Lejos de lo que pretendía, dar todo el poder para la elección a las asociaciones de magistrados, el ministro parece aceptar ahora que sea el Congreso, como pedía el PSOE, quien realice la mayor parte de los nombramientos y de manera directa, una vez se establezcan más duros requisitos para la elegibilidad de los vocales.
