La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional 'popular' de este lunes / EFE
El Partido Popular ha intentado apagar el incendio de las cuentas en Suiza de su extesorero Luis Bárcenas y de las acusaciones difundidas por algunos medios de sobresueldos en negro anunciando una revisión interna de sus cuentas y una auditoría externa. Una medida que ha provocado escepticismo y dudas ya que parece poco probable que el PP facilite datos comprometedores si los hubiese, cuando precisamente el objeto de la duda levantada desde las propias filas del PP recae en si se manejó dinero negro, lo que escaparía obviamente a los registros oficiales.
La vía del Congreso o la de los técnicos de Hacienda
Si realmente quiere que el cortafuegos sea creíble, desde la oposición ya le han reclamado que se someta al escrutinio del Congreso de los Diputados. También han irrumpido en el debate los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), sindicato que se ha mostrado muy crítico con la amnistía fiscal que lleva años reclamando más medios y leyes más contundentes para luchar contra el fraude.
GESTHA ofrece "examen exhaustivo"
Desde GESTHA se ofrecen para realizar un "examen exhaustivo" de las cuentas del PP para investigar entre otras cosas "el origen y destino de los supuestos fondos irregulares percibidos, así como los sobresueldos supuestamente recibidos por miembros de la formación política". Como condición para realizar esta investigación, los técnicos "únicamente reclaman el respeto a la independencia y autonomía de su trabajo y la colaboración plena del Partido Popular", según ha difundido Europa Press.
Necesidad de acceso a la contabilidad…
El escrutinio de los técnicos de Hacienda supondría que el PP permitiera "acceso a la contabilidad, justificantes y documentación acreditativa, cuentas bancarias, ficheros informáticos, y contar con la autorización para tomar declaraciones a trabajadores y ex altos cargos, así como a los supuestos beneficiarios y directivos de las empresas que pudieran resultar implicadas".
… y "prácticas indagatorias" incluso sobre hechos prescritos
Además, advierten de que la investigación debería ser "más amplia que la de una auditoría externa convencional" ya que analizarían los "ejercicios cuestionados", incluso aunque hubiera "prescrito" la responsabilidad administrativa o penal que pudiera derivarse, y "extendiéndose a prácticas indagatorias al margen de la contabilidad oficial".
Veto a Hacienda de los datos de los ‘amnistiados’
Cuando estalló el escándalo del dinero opaco del extesorero y la confesión de su abogado de que se había beneficiado de la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Rajoy, desde GESTHA lamentaron que ni los técnicos ni los inspectores pueden tener acceso a información sobre las 31.000 personas que se acogieron al proceso de regularización.
El secretario general del sindicato, José María Mollinedo, recordó entonces en declaraciones a EFE que ellos reclamaban tener acceso a poder investigar a las personas que se acogieron a la "amnistía", para "evitar" que se pudieran deslizar otros delitos. Explicó que profesionalmente tienen obligación de "sigilo absoluto", a pesar de lo cual Hacienda les veta el acceso a esta información. Según Mollinedo, las investigaciones patrimoniales se realizan sobre todo a través de jueces o policía, "pero la Agencia Tributaria sigue sin investigar a grandes patrimonios o grupos empresariales", sino que se centra "en particulares o pequeñas y medianas empresas”.
