La CUP es el único partido que ha registrado en el Congreso una enmienda a la totalidad a la ley del PSOE para abolir la prostitución, a pesar de que el texto no convenció a la mayoría de socios del Gobierno en el Congreso, que no lo apoyaron para su toma en consideración.
No han presentado enmienda a la totalidad ni ERC, ni Junts, que al igual que CUP votaron en contra de la norma, ni tampoco los socios del Gobierno, En Comú, que en el primer debate de la ley votaron de forma separada de Podemos y se posicionó en el no a la tramitación de la ley. También se mostró en contra de esta propuesta Ciudadanos, mientras que PNV, EH Bildu, PDeCat y Vox se abstuvieron. Los motivos que se dieron durante el debate para estas posiciones fue un exceso de punitivismo en el texto, la falta de recursos para las víctimas o la necesidad de una ley de trata.
Ahora, la CUP, en su texto alternativo propone incorporar el trabajo sexual al Régimen Especial del Estatuto de los Trabajadores.
Nueva definición de prostitución
El texto de la formación independentista, incluye una definición para "delimitar" los conceptos de su propuesta de ley, de forma que se considerará servicio sexual al "conjunto de prácticas que se dan en el marco de la prostitución consentida y sin coacción y que están sujetos a una relación mercantil".
En este artículo, la CUP también incluye una definición de consentimiento en la que precisa que este debe ser "libre", "informado", "concreto", "reversible" y "libre de violencia machista y de coacciones en los términos que define la legislación vigente".
Del mismo modo, diferencia entre trata -captación, traslado, acogida y explotación de las personas mediante la coacción y la amenaza restringiendo su libertad-; el trabajo sexual forzado -aquel que se ejerce bajo coacción de cualquier tipo, incluso con chantaje económico y de deudas-; y el trabajo sexual voluntario y autónomo -aquel que se realiza con el consentimiento de la persona trabajadora sin coacción ni dependencia-.
Código Penal y ley del sí es sí
Del mismo modo, modifica el artículo 187 del Código Penal que, según explica la formación, en su última reforma "confundía el proxenetismo coactivo del resto del proxenetismo"; así como el artículo 11 de la recién aprobada Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley solo sí es sí, para que no se considere ilícita la publicidad de la prostitución.
Finalmente, incluye un programa para ayudar a aquellas mujeres que "deseen dejar el trabajo sexual" y "no tengan medios para hacerlo". En este sentido, la CUP propone dos vías: una regularización extraordinaria para quienes ejerzan la prostitución y estén en situación administrativa irregular y la puesta en marcha de un programa de renta básica que asegure que dichas mujeres pueden cambiar de nicho laboral "con un cojín económico que les permita el tránsito".
Esta propuesta de ley del partido independentista catalán contrasta con las medidas recogidas por el PSOE en su norma, en la que también piden la modificación del artículo 187 del Código Penal, pero en su caso, para que "castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación".
Tercería locativa y multar clientes
Con este cambio, se impondría un castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.
Además, recupera la tercería locativa que pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución. Es decir, a los dueños de los clubes, locales y pisos donde las mujeres ejercen esta práctica.
Del mismo modo, propone multar a los clientes de la prostitución con un "reproche penal" de entre 12 a 24 meses de multa, que se eleva a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.
