“Alevosía: Cautela para asegurar la comisión de un delito contra las personas, sin riesgo para el delincuente”. Definición de la RAE, o si se quiere suavizar: “circunstancia de actuar una persona a traición y tomando las precauciones necesarias”. Pues esa es la estructura política diseñada por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, que aprovechando que todo el país estaba pendiente del debate sobre la abdicación del rey Juan Carlos ha llevado a las Cortes castellano-manchegas, el mismo día y a la misma hora, su reforma electoral, que no pretende otra cosa que hacerla ganar las elecciones autonómicas de 2015“haciendo trampa y presentando a traición el pucherazo electoral para intentar gobernar aun perdiendo en número de votos”, señala a ELPLURAL.COM el secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero.
El primer estatuto sin consenso
Aunque parezca increíble e impropio de una democracia consolidada, Cospedal decidió saltarse todos los procedimientos democráticos y llevar en solitario al Congreso de los Diputados la Reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que le permitiera reducir de 49 a 33 el número de diputados. Y lo llevó con los votos en contra del PSOE castellano-manchego, y lo que es más grave, salió con la aprobación exclusiva del Grupo Popular. El resto de las formaciones (todas menos los conservadores) consideraron un escándalo la propuesta de la secretaria general del PP y se negaron a ser cómplices de tamaño atentado contra la democracia. De hecho, en la historia parlamentaria es la primera vez que se reforma un estatuto de autonomía sin un consenso mínimo entre el gobierno y el principal partido de la oposición.
“Un año fabricando el pucherazo”
De ahí el enfado de Fernández Vaquero, que dice que “la trampa del pucherazo puede esconder otra trampa, ya que sospechamos que van a intentar dejar solo una provincia impar” para que le resulte aun más fácil ganar las elecciones. Vaquero, que ha insistido en calificar esta propuesta de “pucherazo electoral, atropello democrático y provocación a los ciudadanos”, ha recordado que Cospedal ya cambió la Ley electoral en el año 2012 para subir el número de diputados de 49 a 53, “y ahora los reduce a 33”, añade, “han estado un año fabricando el pucherazo y echado cuentas, porque no les sale casi ninguna, y esta tampoco les va a salir porque los ciudadanos dejarán claro a Cospedal que no quieren que siga gobernando”.
Ni Podemos, ni UPyD e IU, por los pelos
Y es con la ley que quiere aprobar Cospedal los partidos minoritarios no tendría representación parlamentaria, ya que no alcanzarían el 10% requerido con la nueva norma, cuando con la anterior se demandaba justamente la mitad, el 5%. De esta forma, por ejemplo, y a pesar de que el partido de Pablo Iglesias y Rosa Diez han obtenido el 10 por ciento de los votos en Guadalajara en las pasadas elecciones se quedarían fuera del reparto de escaños. Para Vaquero está claro, si tenemos en cuenta el resultado electoral de las Europeas (aunque no es extrapolable), “con la Ley electoral de Cospedal que elegía a 53 diputados, el PP perdería la mayoría absoluta por 3 escaños y con la ley que se propone, de 33 escaños, el PP tendría mayoría absoluta precisamente por 3 diputados”.
Camino del Constitucional
Barbaridad que el PSOE no está dispuesto a consentir, y ya anuncia una “respuesta contundente a este atropello y vamos a recurrir la Ley ante el Tribunal Constitucional si finalmente es aprobada de esta manera”, dice. Y no será el único recurso, dado que también se presentará en estos días otro contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que recientemente aprobaron las Cortes generales, como señalábamos al principio.
Parlamento equiparable a La Rioja
La reducción de diputados que propone Cospedal convierte a las Cortes de Castilla-La Mancha en el “parlamento de la señorita Pepis”, ya que la presidenta manchega no solo ha retirado el sueldo a la oposición, sino que equipara a la tercera comunidad más extensa de España (80.000 kilómetros cuadrados, con cinco provincias, 919 pueblos y más de dos millones de habitantes) con La Rioja, autonomía uniprovincial de apenas 5.000 kilómetros cuadrados y escasos 300.000 habitantes y que tiene 33 parlamentarios, los mismos que quiere María Dolores Cospedal para su comunidad, donde también han desaparecido otros órganos fiscalizadores como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social.
