La Fiscalía suiza, que investiga los movimientos de dinero del rey Emérito en ese país contempla penas de hasta diez años de cárcel para Corinna Larsen y para los gestores que diseñaron el entramado societario que usó presuntamente Juan Carlos I para ingresar los 64,8 millones de euros que recibió en 2008 de Arabia Saudí. 

Así consta en la primera comisión rogatoria que el representante de la Fiscalía suiza, Yves Bertossa, remitió a la Audiencia Nacional el 19 de agosto de 2019 y que adelanta Vozpópuli.

Soborno a funcionarios públicos

La incestigación afecta, además de a Corina, a Dante Canonica y Arturo Fasana por los delitos de blanqueo y “soborno de funcionarios públicos extranjeros”. 

El fiscal afirma en su escrito que “cabe calificar los hechos anteriormente mencionados de soborno de funcionarios públicos extranjeros (art. 322 del Código Penal) y de blanqueo de capitales (art. 305 bis del Código Penal)”. Según puntualiza, de acuerdo con lo que marca la legislación suiza, “la acción penal no ha prescrito”. 

La ley suiza considera autor de un delito de blanqueo a “quien haya cometido un acto que pueda obstaculizar la identificación del origen, el descubrimiento o la confiscación de bienes que supiera o debiera haber presumido que procedían de un delito calificado o de un delito fiscal (cuando los impuestos deducidos en un año superen los 300.000 francos)”, lo que será castigado con una pena de prisión de hasta tres años o con una sanción pecuniaria”. 

Cinco años de cárcel por blanqueo

La comisión rogatoria advierte de que la pena puede llegar hasta los cinco años de cárcel en algunos supuestos. Uno de ellos es que el investigado realice “un volumen de negocios o una ganancia significativa al participar en el negocio del lavado de dinero”. Según consta en las pesquisas de Bertossa, solo en 2012 el rey Juan Carlos I ordenó transferir el dinero saudí desde Suiza a una cuenta a nombre de una sociedad de Corinna Larsen en las Bahamas. 

Los otros supuestos que incrementan hasta cinco años la pena de cárcel por blanqueo son “actuar como miembro de una organización delictiva” o una “una banda formada para participar sistemáticamente en el lavado de dinero”. 

El fiscal investiga una quincena de operaciones sospechosas entre al menos agosto de 2008, cuando se creó la fundación Lucum para ingresar el dinero saudí, y el año 2017, cuando Corinna Larsen transfirió 42 millones de dólares desde su cuenta de las Bahamas a otra cuenta personal de Estados Unidos. 

En su exposición, Bertossa apunta a que el dinero recibido por el Rey de parte de Arabia Saudí fue la consecuencia de que las empresas españolas que se adjudicaron la construcción del AVE a La Meca "presentaron su candidatura ofreciendo un 30 por ciento de descuento".  

Otros cinco años por soborno

En cuanto al segundo delito, relacionado con el soborno de funcionarios públicos extranjeros, la comisión rogatoria precisa que “se castigará con penas privativas de libertad de una duración máxima de cinco años o con sanciones pecuniarias”. Castiga a toda persona que haya “ofrecido un beneficio indebido a una persona que actúe en nombre de un Estado extranjero” ya sea a su favor o de un tercero “por la realización u omisión de un acto relacionado con su actividad oficial y que sea contrario a sus deberes o dependa de su discreción”.

El fiscal suizo decidió abrir una investigación el 6 de agosto de 2018 al ver publicada en la prensa la conversación de Corinna Larsen con Villarejo, en la que la examiga íntima del Rey emérito confesaba que Juan Carlos I tenía dinero escondido en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans y la creación de una estructura societaria opaca.