La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denuncia las trabas de la Junta de Castilla y León para cumplir la Ley de Memoria Histórica y el decreto  de Memoria Histórica que la propia Junta aprobó el pasado mes de abril.

En ese decreto el gobierno autonómico garantizaba su voluntad de “seguir trabajando en todo lo relacionado con la recuperación de la memoria histórica” regulando la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, además de apoyar institucional y económicamente a las asociaciones memorialistas de Castilla y León.

Pero la realidad ha demostrado ser bastante diferente. El decreto ha servido para que las solicitudes de exhumaciones entren en un laberinto administrativo que desespera a los descendientes.

Es el caso de la recuperación de los cuerpos de tres hombres asesinados en octubre de 1936 en Santa maría de Tiétar (Ávila). Tal y como establece el citado decreto, la ARMH realizó la solicitud al Ayuntamiento de la localidad, que debía derivarla a la Oficina de la Secretaría General en Valladolid, a donde nunca llegó hasta que “apareció de forma milagrosa” tras quejarse la asociación. Este caso cuenta con todos los permisos requeridos, excepto con el de la Junta de Castilla y León.


Pero el de Santa María de Tiétar es sólo un ejemplo. En Boadilla (Salamanca) la asociación solicitó el pasado mes de febrero realizar la exhumación de cuatro hombres ejecutados extrajudicialmente y enterrados en una fosa común en agosto de 1936. Sin embargo, la secretaria del ayuntamiento se ha negado a otorgar el permiso y ha evitado responder a la ARMH oficialmente.

Por ello, la asociación reclamó la asistencia de la Junta amparándose en el mencionado decreto, pero el gobierno castellanoleonés ha preferido desentenderse alegando que la solicitud es anterior a la entrada en vigor de su decreto.


Tras las subvenciones a las asociaciones del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la nula financiación del gobierno de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez quiere que la administración se encargue de principio a fin de esa tarea. Para ello ha creado la Dirección General de Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Justicia.

Mientras tanto, los familiares, muchos de avanzada edad, siguen los vaivenes de las distintas administraciones.