El reciente informe de la Fiscalía sobre las “irregularidades” en la venta de 32 promociones de viviendas públicas del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) a Goldman Sachs en 2013 llegó tras un peritaje de Hacienda, solicitado por el juez, sobre las conexiones empresariales de cargos públicos con el mencionado fondo de inversión, un escrito que ha pasado desapercibido y cuyos detalles conviene sacar a la luz por la repercusión que podría tener en este caso.

El primer perito, vinculado a Goldman Sachs
El informe de Hacienda, al que ha tenido acceso El Plural, tiene fecha de 31 de agosto de 2017 y  llega después de que el instructor del Juzgado Número 48 de Madrid, que investiga este caso, denegara el nombramiento de un primer perito, tras la exclusiva de El Plural, en noviembre de 2016, que reveló sus vínculos con Goldman Sachs, la empresa adjudicataria.

El primer perito propuesto por la Agencia tributaria, Antonio Laquidain Hergueta, aparecía como apoderado de una empresa vinculada a la SICAV Bussola 99, una de las principales firmas investigadas en este caso y en la que aparece como consejero Pablo Cavero, responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid en el momento de la venta.

La responsable de Hacienda, hermana del ministro Catalá
La delegada especial de la Agencia Tributaria de Madrid, Raquel Catalá Polo, nombró entonces un segundo perito, en diciembre de 2016, para investigar las conexiones empresariales detrás de la venta de 2.935 viviendas sociales. En su comunicado al juez, la responsable de Hacienda ocultó el nombre de la inspectora elegida, que, según pudo saber El Plural, es María Milagros Gutiérrez Estébanez, mujer de un alto cargo de Hacienda, Julio José Lesmes Anel, quien ocupa un puesto de confianza en el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Catalá era secretario de Estado de Vivienda
Desde las acusaciones se acusó a la administración de intentar retrasar el proceso y de obstruir la práctica de las pruebas. Se da la circunstancia, además, de que Raquel Catalá Polo es hermana del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que era secretario de Estado de Vivienda cuando se firmó la operación con Goldman Sachs. Al frente de la Comunidad de Madrid estaba Ignacio González.

Un informe sólo “descriptivo”
Seis meses después del nombramiento de la nueva perito, en agosto pasado, llegó su informe, en el que debía esclarecer las conexiones de los cargos públicos responsables de la venta con el entramado societario de Goldman Sachs tras esta operación inmobiliaria. Sin embargo, según expertos de Hacienda consultados por El Plural, la inspectora sólo se limita a “describir los datos existentes en la Agencia Tributaria” y “no hace una labor de investigación”.

“Es un trabajo de mínimos, la perito no se moja”, añaden las citadas fuentes, que destacan que la funcionaria habla en su informe de “movimientos de divisas e incrementos patrimoniales, de los que no precisa cuál es su origen”.

“La inspectora de Hacienda hace puras conjeturas sobre la procedencia del dinero con las que casi traza el camino a las personas encausadas en su defensa”, critican los expertos de Hacienda, que destacan que la propia perito reconoce el escaso alcance de su investigación, al ofrecer al juez, según dice en su escrito que “si lo estimara necesario podría indagar en mayor medida sobre los movimientos de divisas requiriendo a los propios beneficiarios o las entidades gestoras de la SICAV (…) la documentación que justifique la procedencia u origen de las entradas de divisas”.

“Elevados movimientos de divisas”
La perito admite la vinculación de Bussola 99 SICAV, S.A. y Goldman Sachs y “la existencia de movimientos de divisas por elevados importes de Bussola 99 con cuentas de Alemania y algunas de los EE.UU” y con Bélgica, e incrementos patrimoniales, sin aclarar el concepto de esas transacciones, pero concluye que “no se obtienen indicios de que esta relación financiera (…) haya supuesto un enriquecimiento indebido para Pablo Cavero, exconsejero de Vivienda.

Hacienda no tiene acceso a los datos fiscales de Navarra
La inspectora reconoce la limitación de su investigación al justificar que la Agencia Tributaria “no dispone de información relativa” a Bussola 99 por “tener su domicilio fiscal en Pamplona, habiendo presentado en la Diputación Foral de Navarra sus declaraciones del impuesto sobre Sociedades (…) por lo que en la base de datos de la Agencia Tributaria no se dispone de gran parte de la información fiscal”.

Tampoco ve indicios contra los exdirectores del IVIMA
La inspectora descarta, asimismo, posibles delitos fiscales por parte de los dos únicos investigados en este complejo caso, los exdirectores generales del IVIMA, Ana María Gomendio López Asiaín y Juan Van Halen Rodríguez.  “No se ha detectado la existencia de relación económico-financiera con ninguna de las entidades que de manera directa o indirecta han participado”, ni “enriquecimiento indebido derivado de su participación en esta operación”.

Abogados de la acusación han explicado a El Plural que el juez tendrá ahora que decidir, tras los informes de Hacienda y del fiscal si ahonda en la investigación o si da carpetazo a este caso, aunque esta última opción no parece probable.