Pablo Casado ya ha puesto su particular sello en el Partido Popular de Madrid. El presidente de los populares ha realizado una veintena de nombramientos a fin de rearmar al partido para las elecciones autonómicas y municipales de 2019. El nuevo organigrama es, cuanto menos, llamativo. Salpicados por corrupción, sobresueldos, acusados por delitos medioambientales, profesionales de los realities… Como se diría coloquialmente, lo mejor de cada casa. Pero hay un nombre que es más relevante de lo que parece: Luis Peral. No solo porque es uno de los imputados en el caso Lezo, que también, sino porque evidencia la tendencia de Casado a no romper con uno de los puntos más negros del PP madrileño.
Luis Peral fue uno de los miembros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que fueron imputados en bloque en el seno de la Operación Lezo ya que es en 2001 cuando se decide que el Canal de Isabel II compre Inassa por 83 millones de euros, 10 veces su valor real, para expandirse por América. Además, la transacción se realizó a través de una sociedad offshore de Panamá.
El cargo que ha reservado Casado a Peral es el de responsable de una comisión de estudio sobre la familia. Dato relevante puesto que Peral discrepó con la hoy expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con respecto a su regulación de los vientres de alquiler y la Ley de LGTBIfobia. De hecho, acabó renunciando a su acta de diputado.
Un lavado de cara con agua turbia
Casado a nombrado como nuevo presidente del comité electoral del PP de Madrid a David Erguido, jefe de gabinete de José Luis Martínez-Almeida y exconcejal del distrito de Centro. Erguido fue acusado por la Guardia Civil de delitos en su etapa como primer teniente de alcalde y concejal de festejos en Algete. Concretamente, fue señalado por adjudicar hasta 1,5 millones de euros a compañías de la trama Púnica. En un informe, la Unidad Central Operativa (UCO) le acusa de “delitos de malversación de fondos públicos” por 16 facturas hinchadas para “desviar 78.846 euros de las arcas públicas del Ayuntamiento”. Incluso, la presunta trama le regaló una actuación con cuatro mariachis.
Por otro lado está, Susana Pérez Quislant, nueva vocal en el Consejo de Alcaldes del PP. Quislant es la actual alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y está imputada, junto a otras 10 personas, de un delito contra el medio ambiente por los vertidos fecales de la depuradora del área de Humera. En otras palabras, la última maniobra de Casado para rearmarse de cara a 2019 está marcada por imputaciones.
Uno de los rostros más reconocibles es Pío García-Escudero, actual presidente del Senado, quien admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en 2013 que recibió sobresueldos de 700.000 pesetas (unos 4.200 euros) entre los años 1999 y 2003 como coordinador de organización del partido y en concepto de gastos de representación, todo ello aparte de su sueldo como senador por designación autonómica. El montante total ascendía a los 58.899 euros al año.
El presidente de la Cámara Alta declaró en calidad de testigo en el marco del caso Gürtel justo después de Mariano Rajoy. Aseguró no estar al tanto de la gestión económica, a pesar de que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, le señaló como uno de sus principales contactos dentro de la formación.
La vicesecretaría de Territorial seguirá encabezada por Antonio González Terol, alcalde de Boadilla del Monte, famoso por sus nostálgicas juras de bandera. Terol se vio envuelto en un litigio con su predecesor, Arturo González Panero, más conocido como El Albondiguilla. El exalcalde le acusó de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por la contratación de abogados externos para representar al Ayuntamiento de Boadilla en el caso Gürtel, unos abogados que habrían conseguido pruebas que implicarían a El Albondiguilla en dicha trama y que este querría tapar. La denuncia fue archivada.
Pero esta polémica no es la única que salpica a Terol o su Ejecutiva. El Ayuntamiento de Boadilla pagó 24.000 euros por agua y refrescos a la empresa del padre de un concejal, David Mesa Vargas. No se incurrió en ninguna “incompatibilidad legal” en la contratación, pero resulta curioso que cuando se dejó de contratar con la empresa del padre de Mesa Vargas, el Consistorio gasta la mitad en bebidas.