El PP de Pablo Casado ya ha echado a andar. El nuevo líder de la formación configuró la pasada semana su Ejecutiva, así como el nuevo organigrama. Teodoro García, jefe de campaña de Casado y lanzador de huesos de aceituna profesional, es el nuevo secretario general; y Dolors Monserrat hará las veces de portavoz parlamentaria en detrimento de Rafael Hernando. Muchos son los rostros nuevos que sustituyen a viejos conocidos en cargos de notable relevancia. Es el caso del nuevo tesorero del PP, Sebastián González, quien sustituye a la imputada Carmen Navarro. De esta manera, un desconocido para la opinión pública asume el control de las finanzas de los populares, un cargo de sumo riesgo por los precedentes. Pero para evitar facilidades a los devenires de los jueces y fiscales, Casado ha elegido un aforado para desempeñar estas funciones.
Navarro, ya extesorera del PP, cumplió con la casi ineludible condición para controlar las finanzas del PP: estar imputada. Navarro está imputada en el marco de la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas. De hecho, tuvo que comparecer ante la comisión que investiga la caja B en el Congreso de los Diputados. Fue la última de los tesoreros en desfilar por sede parlamentaria y se escudó en que no habla de procesos judiciales que se encuentran en desarrollo al tiempo que aseveraba que no iba a “investigar el pasado”.
Se han vertido ríos de tinta sobre las imputaciones de los tesoreros populares. Ángel Sanchís, Rosendo Naseiro, Luis Bárcenas, Carmen Navarro… Todos ellos han sido imputado en alguna causa. Pero con Sebastián González será más complicado -al menos desde el punto de vista burocrático-. En esta ocasión, González es diputado por Ávila y, en consecuencia, es aforado.
El estatus de aforado ampara a los cargos públicos de manera que son juzgados por tribunales distintos a un ciudadano normal: Tribunal Supremo y tribunales superiores de Justicia. La razón es que suele haber presiones políticas en los procesos. En consecuencia, si González es salpicado en algún proceso judicial su condición de aforado retrasaría la imputación por motivos burocráticos.
Además, si el recién nombrado tesorero se viera implicado en algún caso, cabe destacar que ya tiene sus tablas con la Justicia. Y es que, fue uno de los testigos a los que el juez Pablo Ruz preguntó por la relación entre María Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas en el marco del caso de la mordida de 200.000 euros. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo archivó la causa que investigaba la presunta mordida que recibió el PP para financiar la campaña de Cospedal a las autonómicas de Castilla-La Mancha de 2007. Se señaló a la filial de Sacyr, Sufi, como la emisora del pago a cambio de adjudicaciones.
