Según ha publicado El Periódico de España, el candidato del PP al Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo, cobró a una televisión del Partido Popular por monitorizar leyes mientras desempeñaba sus funciones como funcionario en el Congreso de los Diputados. De esta manera, Arnaldo  "facilitó siendo letrado de la Cortes Generales documentos e información a la Televisión Pública de Baleares (iB3), que le había contratado durante la presidencia de Jaume Matas (PP), acerca de la tramitación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en el Congreso de los Diputados, según consta en el sumario del caso Palma Arena".

Asimismo, El Periódico de España concluye lo siguiente: "En un correo electrónico de 31 de mayo de 2006, días antes de que se aprobara el 7 de julio la mencionada norma en la Cámara Baja, Arnaldo remitió desde una cuenta de Estudios Jurídicos y Procesales (EJP) un mensaje a la directora de la Asesoría Jurídica del Ente Público de la Radiotelevisión de Islas Baleares, Lara Alonso, en el que adjuntaba el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual: 'Al respecto decirte que las enmiendas al mismo han sido ya aprobadas por el Senado, por lo que también te mandamos el texto de presentación de enmiendas, y el texto de aprobación de las mismas', especifica el mensaje, que después recuerda: 'No obstante cuando se publique el texto definitivo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales te lo haremos llegar'"

El candidato del PP al TC, Enrique Arnaldo, violó el Estatuto del Congreso por asesorar a gobiernos del PP

El sospechoso y maculado historial de uno de los candidatos del Partido Popular al Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo Alcubilla, continúa sumando irregularidades. El País ha desvelado este martes que el letrado del Congreso incumplió el Reglamento de la Cámara Baja al compatibilizar su cargo con la asesoría para varias administraciones gobernadas por el PP, en concreto, al Ejecutivo balear comandado por Jaume Matas.

Arnaldo realizaba estas tareas desde su empresa Estudios Jurídicos y Procesales, compañía que recibió numerosas adjudicaciones por un valor total de 979.000 euros de administraciones controladas por los populares.

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