Como muchos otros pueblos de Madrid, la Púnica también llegó a Brunete, una localidad de poco más de 10.000 habitantes al Oeste de la capital. Este jueves se ha conocido que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha llamado a declarar como investigado a su alcalde, Borja Gutiérrez, por su relación con una de las empresas de la trama Púnica.

En concreto, el magistrado de la Audiencia Nacional, lo cita el próximo 18 de octubre “por diversos delitos contrala Administración Pública por su participación en los procesos de preparación del contrato de eficiencia energética del Ayuntamiento de Brunete con la mercantil Cofely”, una de las empresas de la trama corrupta, según consta en el documento de citaciones del juez para este día al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM.

Este es un nuevo caso tipo de cómo actuaba la trama corrupta en los ayuntamientos y que también se produjo en consistorios como el de Almendralejo (Badajoz), Móstoles, Valdemoro o Serranillos (Madrid). La empresa de Púnica se presentaba a un concurso público con unos pliegos que previamente había acordado con el regidor del PP, el cual luego recibía, supuestamente, una comisión.

En este caso, al igual que en otros, el contrato no se llegó a firmar porque saltó la operación policial y las detenciones, pero la justicia está investigando y, en este caso, ha imputado, por “grado de tentativa”, es decir, no se cometió el delito, pero estaba todo preparado y se maniobró para ello.

Recapitulando:

A mediados de diciembre, la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil envió al juez Eloy Velasco, que por entonces dirigía la instrucción, un informe detallado de 68 páginas, al que tuvo acceso ELPLURAL.COM, en el que narran todos los trámites de la trama Púnica para que la empresa Cofely sacase partido de las arcas de Brunete. El trato estaba cerrado, como se prueba a través de las llamadas telefónicas intervenidas, y todo apuntaba a "que el alcalde de la localidad participa activamente en la concertación”. Incluso hay en el informe una fotografía del directivo de Cofely, Pedro García, saliendo del Ayuntamiento de Brunete.

La adjudicación, que estaba programada para aprobarse en la comisión municipal del 29 de octubre de 2014, se abortó deprisa y corriendo cuando se conocieron las detenciones de la Operación Púnica, que empezaron el 27 de octubre.  Se borró del orden del día y José Gil Granizo, secretario general del PP de Brunete y padre de la concejala Cristina Gil, ambos implicados por la Guardia Civil, llamó corriendo a Pedro García, quien no respondió por estar ya detenido.

Mientras, su hija, la concejala del PP Cristina Gil, fue la que encargó a un técnico municipal un informe “que corría mucha prisa” y que debía estar listo en menos de un día para poder justificar la retirada de la adjudicación a Cofely del orden del día.

Es decir, no se llegó a dar el contrato a Cofely por los pelos y gracias, o por culpa, de las detenciones de la Púnica, aunque esto no ha impedido que el alcalde de Brunete se vaya a sentar en el Banquillo.