Sensación de capítulo cerrado entre los miembros del bloque de la investidura y del Gobierno. El levantamiento del veto del Senado a la amnistía “cierra una etapa de conflicto” en Cataluña, por lo que consideran “cumplido” su objetivo. Al menos así lo entiende el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien además de celebrar la aprobación definitiva de la medida de gracia, ha hurgado en la herida de la guerrilla interna en el PP. Al socialista le sorprende que haya sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y no el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien haya anunciado la decisión de presentar recursos de inconstitucionalidad al proyecto de ley.
Estaba previsto que, mientras en el Congreso se despachaba la Ley de Amnistía, la presidenta de la Comunidad de Madrid visitaba los estudios de Es la mañana de Federico, en EsRadio. Nadie lo vio venir, pero la elección de Ayuso no fue baladí, dado que escogió el escenario idóneo para adelantarse a su jefe y, así, capitanear la oposición frontal a la medida de gracia. La baronesa conservadora aprovechaba la coyuntura para anunciar que su Ejecutivo y el resto de administraciones autonómicas de signo popular, presentarían un recurso de anticonstitucionalidad a la “ley más corrupta” de la historia reciente del país.
Sol, de nuevo, metiendo un gol por la escuadra a Génova, que, personificado en la figura de Feijóo, aguardaba su momento para intervenir en el debate parlamentario entre dardos de Santiago Abascal y la presión de Madrid. Ayuso admitía que llevan tiempo “hablando y trabajando” esta iniciativa, orientada hacia la defensa de la “igualdad de todos los españoles” y por la “seguridad jurídica”. “No podemos permitir que el Estado de derecho se rompa”, adujo.
Determinación que ha causado estupefacción en según qué reductos políticos. En Moncloa, sin ir más lejos, destacan con sorpresa que sea Ayuso y no Feijóo quien no sólo haya tomado una decisión de este calado, sino que también la anunciara. “No deja de sorprenderme”, ha expuesto el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al tiempo que remarcaba que, en principio, esa responsabilidad no es competencia de una presidenta autonómica. Al menos en el plano “teórico”.
Objetivo “cumplido”
Guerras intestinas de la oposición mediante, el súper ministro ha resaltado que la aprobación de la Ley de Amnistía constituye el cierre a una “etapa de conflicto en Cataluña”, considerando por tanto que su objetivo “cumplido”. La pelota está ahora en el tejado de la judicatura, como bien han indicado el conjunto de grupos parlamentarios durante el debate y ha remarcado el propio titular de Justicia, haciendo hincapié en que la “decisión última sobre la aplicación” del texto recae ahora sobre los tribunales.
A juicio de Bolaños, la ley ya ha cumplido su objetivo primordial, que no era sino la normalización del clima político, social e institucional en Cataluña. Así se ha pronunciado ante los medios de comunicación nada más concluir la votación, que se ha saldado con el levantamiento del veto del Senado gracias a los votos de la mayoría de la investidura. En este sentido, el ministro ha celebrado la aprobación del articulado, agradeciendo el trabajo prestado a todos los parlamentarios que han votado a su favor y remarcando que “es un gran día para la democracia”.
A continuación, recordaba que la denominación oficial del texto es Ley de Amnistía para la normalización, institucional, política y social en Cataluña y que, ateniéndose a su nomenclatura, sus objetivos “ya se han cumplido”. En el ámbito político, cree que se ha generado una relación “absolutamente normalizada” entre el Gobierno central y el Ejecutivo catalán. Fiel reflejo de ello, puntualizaba, fueron los resultados de las elecciones autonómicas, en las que el PSC retuvo la condición de primera fuerza política en un Parlament sin mayoría independentista.
Asimismo, sostiene que en Cataluña se vive una situación de “normalización institucional”, dado que todas las fuerzas han devuelto la política a la vía institucional y, por tanto, están “dentro del sistema democrático”. En este sentido, considera que es una victoria de la “convivencia” y de la “democracia”. Serán ahora los tribunales los que apliquen una ley que, tal y como precisaba el ministro, cuenta con el “respaldo jurídico” del Consejo de Europa a través del informe de la Comisión de Venecia. En suma, Bolaños ha subrayado que España es un Estado de derecho y que, por tanto, la “decisión última” sobre su aplicación reside en el Poder Judicial. “Como no podía ser de otra manera”, ha rematado.
Síguenos en Whatsapp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes