La senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ya se ha enfrentado al banquillo del Tribunal Supremo. Y salvo algún tropezón fortuito, ha salido de momento impune, quitándose toda responsabilidad en la presunta financiación ilegal del PP valenciano y repartiendo culpas entre terceros. Sólo ha respondido ante el juez, el fiscal y su abogado, pero se ha negado a hablar cuando le ha preguntado la abogada de la acusación popular, que ejerce el PSOE.

Barberá ha asegurado que ella no formaba parte del Comité de Campaña del PP valenciano y por eso desconoce el sistema de financiación del pitufeo –pequeños blanqueos de capitales- que se investiga.

Según Barberá, su única misión en la campaña electoral era “sacar votos”. Sí ha admitido que dio 1.000 euros al partido, porque “el partido necesitaba financiarse”, pero ha negado por activa y por pasiva que le fueran devueltos en efectivo, así como que conociera que algún otro donante recibiera el dinero de vuelta, y a pesar de que otros dos investigados como ella (antes imputados) así lo aseguraran.

Barberá ha insistido en varias ocasiones en echar los balones a la portería de Mari Carmen García-Fuster, secretaria del grupo parlamentario desde 1991, quien “no le comunicó ni le dio cuenta de esas aportaciones” y la persona que “llevaba cotidianamente el funcionamiento del grupo", según consta en el acta de su declaración, a la que ha accedido ELPLURAL.COM

La exsenadora del PP, y ahora senadora del Grupo Mixto, ha explicado que en época electoral se formaba un comité de campaña con concejales, portavoces y militantes. Pero que, aunque ella “tenía una relación constante” con este órgano, su labor se ceñía  "al programa electoral y a estar en la calle", mientras que el comité electoral se dedicaba a "la provisión de fondos para la campaña".

Amparándose en ello, Barberá ha dicho que no sabe si el grupo tenía dos cuentas corrientes y que “lo desconoce todo absolutamente de las cuentas”. Pese a todo este desconocimiento, ha negado tajantemente que “en el Pp de Valencia se produjera ningún tipo de financiación ilegal”.

Preguntada por las adjudicaciones de contratos que supuestamente se dieron en función de qué empresa aportaba más al partido, según las conversaciones de Marcos Benavent –el ex “yonki del dinero”- Barberá ha asegurado que eso correspondía a una comisión de contrataciones formadas por técnicos del Ayuntamiento. Barberá incluso ha asegurado que “no ha hablado nunca con ningún empresario” y hasta que “ha prohibido que entraran a su despacho cuando las propuestas estaban en estudio”.

Barberá ha aprovechado una pregunta de su defensa para repartir culpas sobre los extractos de la campaña. En la de 2015 ha dicho que quien controlaba los ingresos y gastos era Alfonso Novo y ha señalado a Alfonso Grau como el organizador de la campaña.