Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez avanza en la resignificación del Valle de los Caídos buscando la salida de los benedictinos del monasterio, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso quiere proteger la Escolanía del Escorial declarándola Bien de Interés Cultural (BIC). También la del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, dirigida igualmente por estos monjes. En los dos casos es un pulso al Ejecutivo al tiempo que un abrazo a Vox, formación que ha pedido en varias ocasiones el blindaje del ahora renombrado Valle de Cuelgamuros.

Ayuso quiere blindar la Escolanía de Cuelgamuros

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, quien ha justificado en rueda de prensa esta decisión en "su importancia en nuestra cultura y patrimonio inmaterial". al tiempo que ha instado al Gobierno central a que "se preocupe por el patrimonio monumental del Valle de los Caídos". De esta forma, la Consejería va a iniciar los trámites para proteger el coro de esta comunidad religiosa en la la categoría de Patrimonio Inmaterial.

A su juicio, los dos coros "se han encargado de preservar la tradición oral a los largo del tiempo y han tenido un papel fundamental en el desarrollo de sus comunidades religiosas". "Su repertorio abarca desde la monodia medieval, especialmente el canto gregoriano e hispano-mozárabe, hasta la polifonía sagrada y profana de las diferentes épocas de la historia de la música", explican a través de un nota de prensa en la que denominan en todo momento al valle como de los Caídos y no como Cuelgamuros.

La Escolanía del Escorial fue fundada en 1567 por Felipe II para desarrollar su labor musical en las celebraciones litúrgicas del monasterio encomendado a los agustinos y está formada por 45 niños procedentes de todas las comunidades autónomas, entre los 9 y los 18 años. Por su parte, la de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue creada en 1958 por los propios monjes y está compuesta por 40 menores de entre los 8 y 16 años.

Con esta decisión, el Gobierno madrileño busca otorgar el máximo nivel de protección a dos instituciones de "relevancia y prestigio internacional" así como complicar la pretensión del Gobierno de resignificar el Valle. Y es que este coro está directamente relacionado con la congregación de monjes benedictinos que todavía habita Cuelgamuros​​​​​​​ y que Moncloa quiere tener fuera de este recinto antes de que finalice el próximo año 2025, tal y como anunció el pasado mes de julio después de negociar con el Vaticano.

Un abrazo ideológico a Vox

Además, este movimiento de la Comunidad de Madrid se produce precisamente unos días después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, defendiera la capacidad de decisión de la Iglesia sobre el Valle de Cuelgamuros siempre que en él se encuentre una basílica, como es el caso. "Nosotros pensamos que es la Iglesia la que debe de decir quién atiende la basílica y desde ahí poder establecer un diálogo", ha sostenido para puntualizar que el "resto, el conjunto del lugar" se puede organizar "como la sociedad quiera". 

En lo práctico el giro de la Puerta del Sol supone blindar de forma simbólica el espacio que está en plena guerra con el Ejecutivo central mostrando el apoyo de la Administración a los benedictinos frente a las labores de resignificación que se incluyen en la ley de memoria democrática. Pero también es un abrazo ideológico a Vox, que llevan meses solicitando un gesto en este sentido. En concreto, la portavoz ultra en la Asamblea, Rocío Monasterio, pidió proteger también la basílica y la cruz, aunque esto no se puede hacer ya que la competencia es de Patrimonio Nacional.

Pero el Gobierno de Sánchez es claro. "Queremos que se vayan. Debe ser un centro laico que sirva para explicar la guerra y lo que vino después", aseguró el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el pasado mes de mayo en una entrevista en El País. "No cabe que se queden", puntualizó Torres, quien también reconoció que estos "no quieren irse" y que por ahora "hay cierta resistencia".

El dictador Francisco Franco mandó construir esta gran construcción en el año 1939, donde actualmente todavía se encuentran enterradas sin permiso de las familias unas 40.000 personas, entre sublevados y republicanos. Al mismo tiempo, también se está produciendo una labor de exhumación masiva de las víctimas del franquismo. Fue el pasado mes de abril cuando Sánchez visitó el espacio y estos trabajos forenses. Desde allí reclamó que "sin memoria no hay democracia".