El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, sus 7 hijos y otras 11 personas por hechos tipificados como delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, siete delitos contra la Hacienda Pública y un delito de frustración de la ejecución. 

Pujol deberá ingresar 7 millones

En su auto de apertura de juicio oral ,el juez Pedraz requiere a Jordi Pujol para que en el plazo de 10 días deposite 7 millones y medio de euros y a la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola (hijo mayor del expresident), Mercé GironésMercé G. 400.000 euros, para cubrir las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse en este procedimiento por los delitos contra la Hacienda Pública que se les imputan.  

El juez ratifica la situación de libertad de los acusados y explica que no existe la necesidad de asegurar su presencia en las sesiones de juicio oral con una situación distinta a la que han mantenido durante el proceso, incluida la de dejar constancia del domicilio en España y la obligación de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos. 

Los Pujol tienen un mes para recurrir

El auto concede un plazo de un mes a los acusados para que presenten sus escritos de defensa e  incluye los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción,  la Abogacía del Estado y la acusación representada por Grand Tibidabo S.A., en los que se indican  los delitos y las penas de prisión solicitadas para los acusados.

Una organización criminal para conseguir un patrimonio desmedido

El 16 de junio de 2020, el anterior instructor de esta causa propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas. 

Según explicaba el anterior instructor, De la Mata, en su auto, empresarios realizaron pagos millonarios a la familia Pujol, disimulados bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales, a cambio de adjudicaciones públicas.