Un nuevo chaparrón relacionado con la corrupción se cierne sobre el candidato del PP, Carlos Mazón. La Agencia Antifraude ha abierto una investigación sobre la gestión del alcalde de Benidorm, Toni Pérez, de un parking público de la ciudad que, presuntamente se ha prorrogado sin los informes pertinentes por parte del consistorio. Pérez fue la persona elegida por el Partido Popular para sustituir a Mazón al frente del partido en Alicante cuando éste fue proclamado como líder del PPCV. La apertura de la investigación no es baladí, ya que al carecer de informes técnicos los miembros del consistorio podrían enfrentarse a un delito de prevaricación si, finamente, la Agencia Antifraude denuncia los hechos en un juzgado. 

En la resolución de inicio de investigación, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, la Agencia Antifraude decide “iniciar las actuaciones de investigación del expediente, derivado de la denuncia correspondiente, para la determinación de la existencia de presuntas irregularidades en la explotación de parking municipal “L ́Aigüera” de Benidorm derivado del correspondiente contrato de concesión administrativa; ello, una vez comprobada la existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos de los que trae causa la denuncia a los efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunitat Valenciana”.

Es decir, que la agencia toma la decisión tras analizar no solo la denuncia, sino la documentación que se adjuntaba en la que presuntamente se demuestran las irregularidades, como es prorrogar a dedo el contrato, que, desde el ayuntamiento dirigido por una de las manos derechas del líder del PP valenciano, y candidato a la Generalitat, se está produciendo desde hace tres años.

El caso del parking

En la documentación se explica que, consta en el expediente un informe previo en la fase de análisis de fecha 25 de febrero de 2023, por el que se comprueba la “existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos de los que trae causa el expediente, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre; teniendo en consideración que los hechos sobre los que la Agencia ha tenido conocimiento entran dentro de su ámbito competencial (art. 3. de la Ley 11/2016), así como, vistos los hechos y la documentación obrante en el expediente, se puede concluir que existen hechos o conductas que requieren ser investigados”.

En cuanto al caso, versa sobre un bien de dominio público municipal, el subsuelo del Parque de l ́Aigüera del municipio de Benidorm, en el que se constituye una concesión administrativa consistente en la construcción de un estacionamiento subterráneo para vehículos y explotación con carácter privativo del mismo por el adjudicatario con una duración de 30 años. El 1 de junio de 2020, según se indica en la documentación que obra en el expediente, vence el contrato de concesión formalizado con la mercantil Aparcamientos Concertados S.A. La cláusula 18 del Pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas de la concesión administrativa establece la prórroga del servicio en un plazo no superior a un año, con un vencimiento máximo el día 31 mayo 2021, pues así lo acuerda la Corporación municipal.

Sin embargo, esa concesión, según la denuncia que ahora admite la agencia, se ha seguido prorrogando en contra del acuerdo municipal. Es más, según las fuentes consultadas, tampoco habría informes de los técnicos municipales que avalaran a la empresa que actualmente sigue gestionando este espacio público, ya que, desde Antifraude se solicitó, entre otra documentación, la “copia auténtica de todos los informes de la Secretaría e Intervención municipales con ocasión de la tramitación de la prórroga del contrato de concesión del servicio de aparcamiento “L ́Aigüera”. Sin embargo, esos informes de Secretaría e Intervención no han sido aportados por el Ayuntamiento de Benidorm.