José Luis Martínez-Almeida ha hecho un alto en el camino en su particular cruzada contra Madrid Central para aprobar varios nombramientos en distintas áreas de Gobierno y distritos en la Comunidad de Madrid. En la nueva terna figura el nombre de un polémico personaje, Emilio del Río, a quien ha colocado como director general de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Del Río, exconsejero de Presidencia y exdiputado, saltó a la fama tras haber copado portadas por arrebatar un coche oficial y circular a 200 kilómetros por hora porque no llegaba a tiempo para coger un AVE y acudir a un acto.

Fue el diputado regional y secretario de Organización del PSOE riojano, Francisco Javier Peña, quien denunció los hechos, datados del 2009.

Según su versión, Del Río “se hizo recoger en su vehículo oficial, un Audi A6, matrícula 7912 FRD. El conductor, A. G., era un chófer habitual del consejero”. Peña continuó contando que “salieron a las 11.30 de la mañana del Palacete. Hay 180 kilómetros, aproximadamente, hasta la estación de Delicias de la capital aragonesa”.

Como no llegaba a tiempo, “iniciada la ruta por la AP-68, el consejero ordenó al conductor que aumentase la velocidad porque perdía su tren en Zaragoza”. El chófer “se negó” a sobrepasar el límite de velocidad y “ante la negativa del conductor, ordenó parar el vehículo oficial unos 50 kilómetros después de abandonar Logroño, cogió los mandos y condujo hasta Delicias a más de 200 kilómetros por hora (recorrió unos 130 kilómetros en 40 minutos, lo que da una media de entre 190 y 200 kilómetros por hora)”.

El propio chófer presentó un escrito en forma de parte explicando los hechos ya que si “a la velocidad que circulaban son cazados por un radar, a él le supondría la retirada del carné, una multa de la que no se responsabilizaría la consejería y, como conductor de un servicio público, se le podría retirar la licencia de conducción para vehículo oficial”.

“No puede ser que el consejero que anuncia las campañas de sensibilización de tráfico le arrebate la herramienta de trabajo a un funcionario para cometer una irresponsabilidad, cuando no una ilegalidad”.

El Partido Popular acusó a los socialistas y al chófer de mentir, a pesar de lo atestiguado por el propio conductor.