Política
La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, a su llegada al Pleno de la Asamblea de Madrid, celebrado esta mañana. EFE
La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, a su llegada al Pleno de la Asamblea de Madrid, celebrado esta mañana.
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EFE

El juez de Púnica rechaza cerrar la investigación sobre Cifuentes y la cafetería de la Asamblea

El magistrado cree que la presidenta cayó en “incompatibilidad” al ser juez y parte en la adjudicación a Arturo Fernández

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Jue, 12 Abr 2018

Ni un solo día sin que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, puede descansar tranquila. En pleno huracán por el escándalo del máster, el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha firmado un auto que complica la vertiente de la adjudicación de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco para gestionar su cafetería y pone en tela de juicio el papel que tuvo Cifuentes en el proceso.

El auto, al que ha tenido acceso El Plural, responde a la petición de sobreseimiento que hizo la que fuera jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana-Sonsoles Recoder, y que adelantó este periódico. Aquella era una petición envenenada en la que Recoder reclamaba que se cerrara la investigación o, de no hacerlo, que llamara como imputada Cifuentes y a la jefa del Servicio de Relaciones Externas y Protocolo de la Asamblea, María Virtudes Merino.

Recoder consideraba que las dos, junto a ella, habían tenido el mismo papel en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco de Arturo Fernández, entonces jefe de la patronal madrileña y donante del Partido Popular.  Las tres fueron miembros del comité de expertos que valoró las ofertas y optó por la del grupo Cantoblanco. Y Cifuentes, además, presidió la mesa de contratación que adjudicó el contrato a Arturo Fernández.

En el auto, fechado el seis de abril, el juez de Púnica se niega a sobreseer la causa y añade que, en su declaración, Tatiana Recoder “no apreció la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de Cristina Cifuentes Cuencas”. Manuel García Castellón alega que no sabe si Recoder pasó por alto esa “incompatibilidad”, que da por hecha, “por ignorancia o con intencionalidad”.

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya pidió en un informe de mayo de 2017 que Cifuentes fuera imputada por los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho que observaba en esta adjudicación. Los agentes creían que los concursos de 2009 y 2011 pudieron estar amañados porque "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".

El magistrado que instruye el caso Púnica señala en su auto que “las presentes actuaciones tienen un dilatado proceso de instrucción, pues los hechos que se instruyen tienen gran complejidad y calado para establecer las potenciales imputaciones”. Recoder pedía que se imputara a Cifuentes para que diera explicaciones. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid es aforada como diputada de la Asamblea de Madrid, por lo que García Castellón no puede imputarla desde la Audiencia Nacional y tendría que solicitar este trámite al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El juez añade que la Púnica está ahora “aproximadamente mediada la instrucción” y que sobre Recoder, que participó en los mismos hechos que Cifuentes, “no existe ninguna evidencia de su falta de responsabilidad respecto de los hechos que se investigan en la presente causa, y más concretamente por la adjudicación por la Asamblea de la Comunidad de Madrid de los servicios de restauración de la misma al Grupo Cantoblanco”.  

 

Marcos Paradinas es redactor jefe en ELPLURAL.COM