Política
Rafael Blasco Fuente Youtube.
El exconseller de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco.
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Dentro de la corrupción valenciana: caso Cooperación

Del dinero que la Generalitat invirtió en dos proyectos solidarios, solo llegó a su destino el tres por ciento

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Dom, 8 Abr 2018

Dentro de la serie dedicada por El Plural a las corruptelas valencianas hay que hacer una parada obligatoria en uno de los episodios más lamentables, y deleznables, que se recuerdan en la capital del Turia. Hablamos del caso Cooperación. En este tema no solo se robó dinero del erario, sino que además era el dinero destinado a los más desfavorecidos del planeta, a las ONG que debían supuestamente ayudar a los más pobres y necesitados, pero que en realidad hicieron todo lo contrario. Este caso tiene un nombre propio, el del exconseller del Partido Popular, Rafael Blasco, que actualmente cumple una condena de seis años y medio por la primera de las piezas que se juzgó de esta macro causa como autor de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.

Esta pieza 1 fue la que investigó el desvío de fondos destinados a una ONG en Nicaragua cuando Blasco estaba al frente de la Conselleria de Solidaridad. En un principio, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) le impuso una pena de ocho años de prisión, pero finalmente el Tribunal supremo se la redujo a seis años y medio. Junto al exconseller también fueron condenados varios altos cargos de la Conselleria de Solidaridad, y el empresario Augusto César Tauroni que recibió el trato de favor desde la Conselleria a través de las subvenciones que después fueron malversadas.

Pero pese a la rebaja, el Alto Tribunal confirmó el fondo de la sentencia, es decir, que del dinero que la Generalitat invirtió en dos proyectos solidarios por un total de 1,6 millones de euros solo llegó a su destino el 3%, 47.953 euros. Explica el fallo que con el dinero desviado, tanto Blasco como tres condenados más compraron varios inmuebles en Valencia.

Piezas 2 y 3

La última novedad de este caso se ha centrado en las piezas 2 y 3. El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Blasco y otras 23 personas por supuestas irregularidades en subvenciones a ONG y el proyecto de construcción de un hospital en Haití, en el marco de estas piezas del caso Cooperación, que fueron unidas el pasado mes de mayo.

En su escrito, la magistrada Nieves Molina procesa a la anterior cúpula de la Conselleria: el ex jefe de área de Solidaridad Marc Llinares; la ex secretaria general Tina Sanjuán y el ex director general José María Felip, así como el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo junto a una funcionaria de la Generalitat. Sobre la mayor parte de los procesados pesan las acusaciones de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Por su parte, en el escrito de calificación, la Fiscalía solicita 16 años de cárcel para Blasco y 21 años y 6 meses para Tauroni. La Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, pide para Blasco una condena de 17 años y 6 meses de cárcel. En esta causa se procesa también a varios trabajadores de las empresas de Tauroni, y a personas vinculadas a las mercantiles que supuestamente emitieron facturas falsas y amañaron los sistemas de evaluación y puntuación de los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

Además de las penas de prisión, el fiscal pide el decomiso de dos apartamentos y un yate de los que Augusto Tauroni compró en Miami, mientras que por la responsabilidad civil se solicita a los procesados 8.035.942 euros, de los que 5.035.942 serían por el daño patrimonial de la causa y el resto por "daño moral" pues, tal y como explica el escrito del fiscal, "la lesión es mucho mayor para el interés general por la afección a otros derechos no patrimoniales".

Las dos piezas ahora unificadas en esta causa se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo por parte de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat valenciana. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG en 2009, 2010 y 2011, y la otra por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Contratos

Actualmente, la magistrada instructora está investigando otra de las ramas de este caso. Se trata del amaño de los contratos de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 por parte de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía y se investigan los posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El pasado mes de febrero, la ex secretaria general de la Conselleria de Cooperación Tina Sanjuán, condenada a seis años de prisión por desviar fondos dirigidos al Tercer Mundo en la pieza 1, confesó ante la magistrada que amañó también los contratos informáticos entre 2008 y 2011 por orden de su superior, el exconseller Rafael Blasco. Esta confesión abre la puerta a la Fiscalía a conseguir las condenas con mayor facilidad, ya que Sanjuán era la número 2 de la Conselleria de Solidaridad.

 

Loreto Ochando es periodista de tribunales